(Edmundo Bal, por ejemplo. Un personaje interesante, roto en la escollera de Ciudadanos, que ahora trata de escalar por las rocas hacia otro puerto)

 

Resulta curioso, aunque pienso que es una mera coincidencia, que dos plataformas ‘de centro’, lo llamo así por simplificar, hayan hecho presencia pública justo en la víspera de la manifestación convocada por el Partido Popular para este domingo y cuatro días antes de la sesión inaugural de la seguramente fallida investidura de Alberto Núñez Feijoo. Algo se está moviendo en el inquieto, desconcertado, desnortado, cuerpo político español. Y, siempre que reina la confusión, aparece algún embrión de ese centro que, dicen las encuestas, acapara a una mayoría de los electores, aunque, en parte por culpa propia, en parte por otros factores, acaba frustrándose en las urnas. Ahora, ambas plataformas –ni cien firmantes entre ambas, ningún parlamentario—buscan el ruido y la proximidad de los deseados: los que fueron alguna vez miembros destacados del PSOE y hoy abominan del modo como Pedro Sánchez maneja el partido fundado por Pablo Iglesias Posse hace 144 años.

 

Lo lógico sería que los desencantados, gentes como José Luis Corcuera, Nicolás Resdondo Jr., Francisco Vázquez o Joaquín Leguina, por ejemplo (para nada hablo de Felipe González y Guerra, que son cuestión aparte, caza muy mayor), se acercasen a estas plataformas, que los esperan con los brazos abiertos. Y que, luego, estas organizaciones incipientes, Nexo (compuesto por ex Ciudadanos básicamente) o La Tercera España (donde brillan nombres interesantes, algunos con larga trayectoria en nidos políticos diversos), se acercasen a un Partido Popular coherente con una idea centrista, incluso de centro-izquierda. O de centro-derecha, que, la verdad, se hace muy difícil frecuentemente distinguir entre ambas etiquetas.

 

Pero, ay, resulta que el PP se encuentra, hoy por hoy, preso de los escaños de Vox, con los que sin duda tiene menos que ver que con todos estos firmantes de plataformas ‘centristas’ y con los ‘huérfanos del sanchismo’. Y, mientras la sombra de Vox planee sobre la deseada mayoría que Feijoo pretende para llegar al Gobierno, no habrá aproximación ninguna, y menos aún, claro, integración con el auto etiquetado ‘centrismo’. A los moderados, que cuentan con abundantes plataformas mediáticas y una cierta influencia moral en una parte, quizá pequeña, pero cultivada, del electorado, les horrorizan las proclamas de Abascal asegurando que, si ganase en Cataluña, imperaría la ‘mano dura’ contra los independentistas (que podrían ser hasta el cuarenta por ciento de los catalanes) y que procedería a la ilegalización de los secesionistas, que, por cierto, tienen  perfecto derecho a serlo incluso en términos constitucionales, nos guste o no.

 

Pienso que la sesión de investidura, que probablemente perderá según todas las previsiones y salvo sorpresas mayúsculas que no se me alcanza de dónde podrían venir, servirá al menos para distanciar al PP de ese Vox que espanta  en los escaños ‘populares’ cuando su líder dice que tiraría los pinganillos de la traducción en el Congreso ‘a la cara del presidente’. Sé, claro, que no llegaría a hacerlo, pero en política las formas son más importantes que el fondo, y Vox, en cuanto a las formas, deja bastante que desear.

 

Así, tras la presumible no-investidura de Feijoo se halla la liberación de ataduras, con un Vox a la baja en casi todas las encuestas (para lo que sirvan) y ese magma centrista que hoy cabria en un autobús, pero que cuenta con indudable potencialidad entre una ciudadanía literalmente harta de manejos, incompetencias, mentiras, contradicciones y protagonismos de gentes que solo piensan en su propio poder y no en el bienestar ciudadano. Como sugirió en su mítin de este domingo, Feijoo tendrá ahora que empezara hacer una oposición muy bien pensada al presumiblemente trepidante Gobierno salido de una alianza, aún no completada, con Puigdemont.

 

Que no digo yo, oiga, que lo de la Tercera España o Nexo, aun en el caso improbable de que llegasen a fusionarse, sea la panacea que necesitamos como complemento de un PP sin Vox echándole el aliento al cuello. Ya hemos visto demasiadas veces fracasar al centro naciente, ya sea por desgaste e incoherencia, como la UCD, por malos planteamientos, como el CDS, por táctica equivocada, como la ‘operación Roca’, por ciegas ambiciones sin causa, como Ciudadanos o por incompetencia como UPyD. Demasiados personalismos juntos en agrupaciones que apenas tienen eso: nombre sonoros que escriben en los periódicos o participan en tertulias televisivas. Solo con eso, aunque por ahí, por las teles de la serie B, empezase Pedro Sánchez –al que en el PSOE tildaban inicialmente de ‘excesivamente moderado’–, no se forja una opción política seria.

 

Pero, en fin, parece llegada la hora de los ‘sin trinchera’, esos ex que gustaron, aunque fuese de lejos, las mieles del poder y hoy son rechazados por unos, como excesivamente críticos y demasiado conservadores, y deseados por otros, por ser esos rostros conocidos a los que estos días se entrevista tanto, con el obvio deseo de meter un dedo en el ojo de Pedro Sánchez. Que seguramente está yendo demasiado lejos a la hora de estirar una cuerda que él cree sólida, pero que muchos ven a punto de romperse por algunos de sus muchos frágiles, incoherentes, veintitrés –23– lados.

 

 

 

Escribe Jordi Evole, tan de moda hoy por su reportaje con un terrorista, que “se dicen cosas que significan otras”. Muy cierto. Y es posiblemente la tragedia de este momento que vivimos: que, hablando todos en español –o castellano, no entremos también en esa vieja polémica—, nos entendemos habitualmente menos que ahora en el Congreso de los Diputados sin pinganillos. Nuestro lenguaje, y no solo en política, empieza a ser el españés. O el catañol. Porque hay un montón de palabras, no solo ‘amnistía’, ‘transfuguismo’, ‘igualdad’ o ‘derecho’, que parecen significar conceptos muy diferentes según quién las pronuncia y dónde. O cuándo, claro, porque, y ahora se cumplen dos meses –solo dos meses– desde aquellas elecciones que cambiaron España, hay cuestiones que antes del 23-J querían decir, y entendíamos todos, una cosa y hoy parece que son muy otra.

 

El dios de Noé, explica el Génesis, se enfadó tanto porque los descendientes del primer navegante famoso trataran de levantar una torre que llegase hasta el cielo en la llanura de Senar (Babel), que decidió que unos empezasen a hablar en unas lenguas y otros en otras, creando una confusión tal que se abandonó, como tarea imposible, la construcción de la torre, dejando una ruina desoladora imaginada y pintada muchos siglos después por Brueghel ‘El Viejo’. Que no es que quiera yo comparar lo ocurrido esta pasada semana en el Congreso de los Diputados con lo de la torre, claro está: incluso me parece bien que, en aras de la concordia y la integración, las lenguas cooficiales sean admitidas en los trabajos del Legislativo. Lo malo es que muchos de quienes propusieron la iniciativa trabajan exactamente por lo contrario: por la confusión y la ruptura.

 

Y, así, términos como izquierda, derecha o centro –ese que quieren reconstruir, tomando como base fracasos del pasado, diversos grupos que no llegan al centenar de personas—pierden su valor prístino. Y vaya usted a saber si Felipe González es el reconstructor de la izquierda hace cuarenta y un años o es un caballo de Troya de esa derecha que incita a los diputados socialistas a abandonar su lealtad al ‘jefe’ y propiciar la investidura, que seguramente va a ser más bien desinvestidura –¿existe la palabra en el diccionario de la RAE? Seguro que usted me entiende, en todo caso–, de Feijoo. O a saber si ese Puigdemont que hace dos meses y un día era el enemigo público número uno del Estado ahora es, sin haberse arrepentido de sus pecados –que al parecer ya no lo son—, un hombre de ese Estado, un estadista capaz de estabilizar la nación de la que se quiere marchar cuanto antes y por la puerta muy grande.

 

¿Qué se quiere decir cuando, en manifestaciones como la de este domingo alentada por el PP –bueno, ni siquiera la palabra ‘manifestación’ es pacífica en este caso–, se grita que se quiere la ‘España de la igualdad’?. Todos hablan de igualdad, como de democracia o de representatividad, y parece que todos quieren decir lo mismo, pero explicándolo de forma opuesta, o sea, que no quieren decir lo mismo. Sí: es un trabalenguas, que se repite cuando, por poner un ejemplo, utilizamos conceptos jurídicos como la ‘constitucionalidad’ o no de algo, como la amnistía, sobre la que también, Yolanda Díaz dixit, existen tres conceptos distintos, pero, supongo, solo uno verdadero, el que propicia al de Waterloo paseando triunfal por su Girona natal. Así, al Babel lingüístico le añadimos el jurídico, que se solapan, y la confusión del ciudadano, que ya ni sabe si lo que votó hace dos meses significa hoy lo mismo que le decían que significaba, es total.

 

Temo, no le quiero engañar, que la ‘babelización’ de España, sin par en cualquier otro país del mundo porque no hay peor desentendimiento que el del que se niega a entender al de enfrente, tiene mal arreglo. Cuando el término ‘ganador de elecciones’ se interpreta de modo opuesto en dos calles madrileñas no separadas ni por dos kilómetros, como Génova o Ferraz, qué esperamos que ocurra entre Madrid, Barcelona, San Sebastián, Vigo, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca, lugar este último donde anteayer se decía que se perseguía el castellano y ahora por lo visto ya no y hasta se pretende multar a quien lo discrimina. Mal asunto cuando hay que acudir al diccionario de la RAE –que, claro, casi nunca disipa nuestras dudas, pobriño—para comprobar si hay distintas acepciones –según el color del cristal político, regional o de clase social—a un término que hasta hace menos de un lustro nos parecía unívoco, ‘nación’, sin ir más lejos.

 

Y esto que nos ocurre, lo del españés y todo eso, no es una maldición de Yaveh. Porque ningún dios necesita lanzarnos sus rayos iracundos cuando los hombres, al menos dialécticamente, ya nos los lanzamos entre nosotros.

 

 

Empiezan las lenguas cooficiales en el Congreso. Catalán, euskera y gallego. La cosa, complicada técnicamente, cuesta un millón de euros al año. Perfectamente asumible, a mi entender, si con eso se contribuye a una integración regional y cultural en el templo de la democracia. Y conste que también me parece estupendo que se hablen estos tres idiomas en las sesiones oficiales de la UE, aunque aquí ya no estoy tan conforme con que sea España quien pague de ‘su’ bolsillo el gasto en traductores, papeleo, etc. Mucho más que un millón de euros en este caso, claro.

Lo malo no es que esto se haga, que ya digo que, en el fondo, es simbólicamente bueno (no tema, no oirá muchos discursos trascendentales en euskera, más allá de las salutaciones y alguna frase de importancia menor: todos quieren sr entendidos ‘en directo’). He escuchado opiniones muy extremadas: esto contribuye a romper España, etc. No dramaticemos, que para romper España hace falta mucho más que tres cabinas de traductores en el recinto de las Cortes. Lo malo es que se haga ahora y por exigencia de quien se hace.

Esta semana comienza ya la traducción simultánea en el Congreso, y este martes el ministro Albares va a Bruselas a tratar de convencer a sus reticentes colegas de las bondades de unir catalán, euskera y gallego a las otras veinticuatro lenguas oficiales en la UE. Macron ya vetó el uso de las tres que compiten con el francés en el país vecino -occitano, bretón y corso- en los parlamentos regionales, pero ya se sabe que Francia es país centralista y jacobino. Sin embargo, se comprende que los estamentos comunitarios sean más bien restrictivos: en Europa se hablan 600 idiomas, lenguas o dialectos; imagínese usted si se admitiesen todos en un plano de igualdad. Y, además, los conservadores, hostiles a un Gobierno socialista, como ahora las ex socialdemócratas Finlandia y Suecia, harán lo posible por poner palos en las ruedas.

Por otro lado, ya he indicado en otras ocasiones mi reticencia a que sea un Gobierno en funciones quien introduzca todas estas iniciativas en las instancias europeas e incluso en la propia Cámara Baja. ¿Faculta de verdad la ley del Gobierno en vigor tan altos vuelos, cuando prescribe que solo asuntos ‘ordinarios’ caben en la gestión gubernamental en circunstancias como las actuales?

Creo que la diversidad cultural es buena, aunque se emplee a veces, lamentablemente, para distanciar y para quebrar la unidad del Estado en lugar de para unirlo. Y creo también que lo importante es no decir demasiadas tonterías en sede parlamentaria, se hable en el idioma en el que se hable. Lo que lastra todo rastro de buena voluntad en la introducción de estas medidas ‘progresivas’ es el hecho de que sea Puigdemont, en persona, un enemigo público del Estado, quien las exija a cambio de su ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez. Eso lo arruina todo. Hasta a Pedro Sánchez

 

(lo importante no es el idioma.Es decir la verdad en cualquier idioma)

Iniciamos una semana de las tópicamente llamadas ‘de alta tensión’. La semana que Feijóo inicia con un encuentro, del que se hablará, con el jefe de la CEOE, Garamendi, dicen que disgustado con Sánchez. La semana que terminará con el ‘acto’, de difícil denominación, pero masivo en todo caso, organizado por el PP para protestar contra los intentos de una ley de amnistía para Puigdemont y los suyos. La semana del ‘felipazo’ y el ‘alfonsazo’. Y la semana del viaje desesperado de Albares. Si me permiten, comenzaré por este último punto.

Porque el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tiene este martes una cita en Bruselas con sus colegas en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. Y allí tiene la encomienda de convencerles de que acepten la introducción del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión, junto a las otras 24 que operan en la ‘eurocracia’. Tarea difícil, porque varios países, con gobiernos conservadores, Suecia y Finlandia a la cabeza, ven con malos ojos la iniciativa diplomática española exigida por Puigdemont, entre otras cosas como se sabe, para dar el ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez. El intento de cumplir con el fugado de Waterloo llega hasta el punto de que España se ha ofrecido a pagar de ‘su’ bolsillo los gastos de traducción simultánea, ediciones y demás relacionados con la introducción de estos idiomas en el multilenguaje de la UE.

Ignoro a cuánto ascienden estos gastos, pero sí estoy seguro de que un Gobierno en funciones no puede, de acuerdo con la ley vigente (ley del Gobierno de 1979), dar este paso, para nada una cuestión ‘ordinaria’, como reclama la ley. Supongo que Feijóo, esta misma semana, en sus intervenciones previas a su seguramente no-investidura el próximo día 27, se referirá a este hecho, aunque hay omisiones difícilmente comprensibles en la política de oposición que llevan a cabo los ‘populares’. Hablé con el presidente del PP hace pocos días, en un programa televisivo, y me sorprendió, debo decirlo, su quizá excesiva calma ante unos acontecimientos que tanto se precipitan.

Tampoco soy capaz de anticipar lo que el nuevamente tándem Felipe González-Alfonso Guerra dirá cuando, este miércoles, presenten el nuevo libro del segundo en el Ateneo de Madrid. Sospecho que un nutrido grupo de ex altos cargos del PSOE en los gobiernos de González y Zapatero va a arropar el acto, que sin duda va a gustar poco en la sede de Ferraz y nada en La Moncloa. A veces da la impresión de que algunos en la ‘vieja guardia’ socialista hacen una más dura oposición a lo que ha dado en llamarse ‘el sanchismo’ que en las filas de la derecha.

Y vuelvo a lo de Albares: no es probable que los ‘colegas’ de la UE den un portazo definitivo a las pretensiones del Gobierno español en cuanto a las lenguas cooficiales, pero es menos probable aún que den el ‘aprobado’, así como así y aunque a la UE le salga gratis (a nosotros no), el ‘visto bueno’ a la irrupción, que por otro lado sería lógica en otras circunstancias, del catalán, el euskera y el gallego en el funcionamiento comunitario.

Así que pienso que de ninguna manera va a ser esta una buena semana para el presidente del Gobierno en funciones, que ve cómo las filas en el movimiento Sumar se resquebrajan y hasta los de Podemos le exigen que mantenga a Irene Montero de ministra (ya están, por cierto, en un ejercicio de vender la piel del oso antes de cazarlo, circulando hasta quinielas de ‘ministrables’ en un hipotético Gobierno de Sánchez con permiso de Puigdemont). El presidente irritó, dicen, a los empresarios cuando, el viernes, desde la sede de la CEOE lanzó un duro ataque contra Feijóo en lo que era un acto de la presidencia española de la UE, y es de suponer que este lunes, en su encuentro con Feijóo, Garamendi lo deje bien patente. Y así, en este clima tan desapacible, va a empezar la ‘cuenta atrás’ de Feijóo (y de Sánchez) hacia el futuro político de una nación, España, que está patentemente hecha un lío, como diría Rajoy.

 

(va a ser una mala semana para Sánchez)

Muestra de que vivimos en un metaverso político es que, en la foto que Junts envió a los periódicos mostrando la reunión del viernes en Waterloo entre el peneuvista Ortúzar y Puigdemont, en el despacho del fugado independentista catalán sí había banderas ‘reales’ , la senyera y la europea, pero, para que apareciese la ikurriña, hubieron de mostrarla a través de una imagen en el televisor. Ortúzar olvidó la enseña y póngase usted a buscar un viernes por Waterloo una tienda donde vendan banderas vascas. Claro, el encuentro, sin periodistas ni más testigos que los acompañantes del presidente del Euskadi Buru Batzar y del ex molt honorable president “en el exilio” (sic, según la nota oficial), ha dado pie a muchas especulaciones, como siempre que falta la transparencia y todo se convierte en unas gafas de realidad virtual.

¿Actúa Andoni Ortúzar como mediador enviado por Pedro Sánchez ante Puigdemont, como ya lo hiciera el lehendakari Urkullu en 2017, tratando, sin éxito, de impedir que el  entonces presidente de la Generalitat, que no era otro que Puigdemont, cometiese aquel terrible error de declarar unilateralmente la independencia? Los del PNV dicen que no, y los de Junts, reunidos este sábado en Mataró, también lo niegan. Fue, sí, un encuentro en el que los representantes de ambos partidos, que representan lo que representan, dejaron claro al Estado que tienen el futuro de España en sus manos: sin ellos no hay investidura de Sánchez. También era una advertencia a los otros partidos ‘rivales’ que vienen apoyando la continuidad de Sánchez en La Moncloa, ERC y Bildu. Algo así como ‘sin nosotros, tendréis al PP y a Vox en el Gobierno,  así que cuidadito’.

Vamos a ver más imágenes ‘metavérsicas’, de falsa realidad, en estas próximas semanas trepidantes. El martes, Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, donde el ministro Albares tratará de convencer a sus colegas europeos de que acepten el uso del catalán, el euskera y el gallego como tres más de las lenguas oficiales de uso en la Unión. Un tema que provoca controversias, y que las ex socialdemócratas (hoy gobernadas por conservadores duros) Suecia y Finlandia ya cuestionan: demasiado caro y farragoso, dicen. Pero hombre, por Dios, por los costes que no haya problema: España se compromete a pagarlos, dicen en Madrid, aunque aún desconocemos la cuantía, que quizá desvele el martes, en su exposición ante el Consejo, el titular español de Asuntos Exteriores. O quizá no.

Lo metavérsico de este asunto es que a no pocos les parece altamente cuestionable que, a tenor de lo que indica la Ley 50/1979 en su Título IV (‘del Gobierno en funciones’), un Ejecutivo en funciones pueda adoptar estos compromisos. Que para nada son ‘cuestiones ordinarias’, como exige esa ley, sino exigencias extraordinarias, como la amnistía o más tarde el referéndum, del partido de Puigdemont para conceder el favor de su ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez. No entiendo que los juristas que aparecen como champiñones a la menor ocasión aún nada hayan dicho al respecto, pero, en mi humilde opinión, el actual ‘status’ del Gobierno español de ninguna manera autorizaría ni favorecer una tramitación parlamentaria de la amnistía –¡que tendría que ser refrendada por el Rey!–, ni viajar a Bruselas para rogar que allí se admita oficialmente utilizar las lenguas cooficiales españolas, ni el gasto en publicidad extraordinaria de algunos Ministerios, ni….

Desde el PSOE, donde no se paran a hablar en público de cosas que no les convienen –de hecho, aún ni se pronuncia la palabra ‘amnistía’ en los círculos oficiales–, advierten que el partido y su Gobierno ‘no harán ninguna locura’, y el propio Pedro Sánchez aseguró ante los empresarios, antes de convertir en un mítin contra Feijoo lo que era una comparecencia técnica dentro de la presidencia española de la UE, que cada paso que dé respetará escrupulosamente el fondo y la forma de la Constitución. No, digo yo, como cuando, el pasado 29 de mayo, disolvió anticipadamente las Cámaras para convocar las elecciones generales del 23-j, olvidando el precepto constitucional de informar previamente al Consejo de Ministros, algo que por supuesto no hizo.

Por eso, pienso que la legalidad ha ido convirtiéndose en una realidad más o menos virtual, como la ikurriña en el despacho de Puigdemont, algo capaz de ampliarse o reducirse a capricho, de modificarse dándole al botón de ‘on’ o de ‘off’. Por eso, supongo, se viola el Reglamento del Congreso para ‘prestar’ diputados a Junts y ERC. O por eso, sin respetar los estatutos del partido ni los pliegos de alegaciones, se expulsa a militantes disidentes. O, también por eso, el lenguaje político se ha convertido más bien en una ficción de tópicos –‘golpista’, ‘anticonstitucionalista’, etc— y explicaciones mendaces con las que los partidos en contienda por el poder, en permanente confrontación, se lanzan falsedades como misiles verbales en una guerra que, claro, confunde a la opinión pública y muchas veces también a la publicada.

Y es que la política española, a base de retorcer y disfrazar la realidad-real, la que se contiene en los textos de las leyes, en la jurisprudencia, en la separación efectiva de poderes y en el sentido común, ha entrado en un ciberespacio, una hiperrealidad, capaz de dejar atónito al más imaginativo de los imitadores de Julio Verne o de Asimov. Y este gran simulacro va a durar ¿hasta cuándo?

(Nico padre, un héroe del sindicalismo que pudo, y no quiso, ser secretario general del PSOE en lugar de Felipe, era una mosca cojonera para el primer Gobierno socialista. Acabó enfrentado a muerte con González, pero fue él quien se distanció del partido, y nadie hizo el menor amago de echarle)

 

El PSOE que yo conocí, y sobre el que tanto escribí, estaba más cerca en el tiempo de Nicolas Redondo Urbieta que  de su hijo, ahora portada en los periódicos por haber sido expulsado del partido que fundó Pablo Iglesias (Posse, naturalmente) hace 144 años. Tiene razón Felipe González, aunque haya irritado, me consta, a la Ejecutiva del partido cuando dice que, al fin y al cabo, Redondo (padre) le montó una huelga general de todos los diablos y ni se le ocurrió expulsarle. Y podía haberlo hecho, porque entonces la UGT era una especie de correa de transmisión del PSOE. Tiempos muy distintos, muy distantes, que hacen que toda una ‘vieja guardia’, que prestó importantes servicios a la nación, se pregunte ahora, quizá más escéptica que irritada: hacia dónde vamos, Pedro?

 

Tengo la impresión de que en la semana que entra, cuando se presentará en Madrid el último libro de Alfonso Guerra, quien, plenamente reconciliado con él, parece, tendrá a González a su lado, asistiremos a una nueva andanada de misiles desde los ex hacia el Ejecutivo que encabeza Sánchez, francamente aborrecido por ellos. Pero Sánchez controla a la militancia, a ‘las bases’ (al menos, a tenor de las dos últimas elecciones primarias, que ganó), frente a las que fueron las antiguas ‘cúpulas’, y bien que lo demostró cuando, en 2017, barrió literalmente del campo de juego a Susana Díaz, la candidata ‘oficial’ a la secretaria general, hoy en un creo que irrecuperable ostracismo político.

 

El ’caso Redondo’ es el último episodio de lo que yo creo que es una serie de errores cometidos por Ferraz con la complicidad de La Moncloa, o más bien viceversa. El PSOE está perdiendo el norte, incluso como eficaz arma propagandística: el ‘asunto Puigdemont’ , con las exigencias inconstitucionales que el fugado de Waterloo pretende que cumpla el Gobierno a cambio de su ´si’ a la investidura de Sánchez, esté tensando muchas cuerdas internas (de las externas ya ni hablamos, claro) y está partiendo por la mitad, como nunca desde los tiempos de Prieto y Largo Caballero, o los de Suresnes con Rodolfo Llopis, a la formación política con más historia y laureles democráticos a lo largo de casi siglo y medio.

 

Que dos ex secretarios generales, un  ex vicesecretario general, varios ex ministros, se hayan pronunciado en contra de la deriva del ‘sanchismo’ (conste que no lo utilizo peyorativamente), y que puede que lo hagan varios miembros más de los gobiernos de González y de Zapatero (no él, desde luego), debería hacer reflexionar a quien pueda y deba hacerlo: la investidura NO vale una fractura y es mucho mejor ir a una nueva convocatoria electoral, que el PSOE podría ganar anunciando una variación de sus políticas, que hacer añicos la historia del partido, a manos de unos dóciles ejecutores de órdenes ‘de arriba’, cuando en la cima claramente se está perdiendo la cabeza.

 

La sociedad civil es, por naturaleza, pastueña y carga con lo que le echen, hasta que llega el estallido final. Me temo que esta vez, aunque se hayan superado situaciones muy conflictivas, aunque una parte considerable de la ciudadanía dormite, ajena a las líneas rojas que pisan continuamente sus representantes, estamos crecientemente cerca de ese estallido final. Piense Sánchez en el PS francés, o el PSI italiano, o en el PASOK griego, por citar apenas los tres ejemplos más descollantes. Creo que España no puede permitirse el lujo de que su formación más histórica quede en algo peor que la irrelevancia: con su historia sumida en el rencor. Ni Sánchez, que ahora preside la bastante irrelevante Internacional Socialista, puede alentar un espíritu de confrontación que acabará destrozándole.

 

Hora es de dar un giro considerable al volante, porque, hay que advertírselo una y otra vez, esto no puede seguir así. Y conste que lo de Redondo junior es, para mí, una anécdota casi menor, un síntoma más, en el conjunto de errores, de fondo y de forma, que se están cometiendo.

 

 

Llevar hasta el Tribunal Constitucional un tema en el que seguro que vas a recibir un revolcón (y encima, por unanimidad), como era el recurso contra el recuento de votos en Madrid, es una muestra más de la precipitación y agitación a las que han llevado los resultados electorales de hace poco más de mes y medio y que han derivado en una escalada irreflexiva hacia el poder por parte de quienes lo procuran. El PSOE nunca debería haber planteado este recurso ante el TC, sabiendo que lo iba a perder y exponiendo a la alta institución a un desgaste aún mayor del que ya padece. Como nunca se debería haber comprometido, se supone que secretamente, ante Puigdemont a tramitarle una amnistía en menos de un mes, cosa claramente imposible a tenor de varias leyes, entre ellas la del Gobierno, que condiciona lo que puede y no hacer un Ejecutivo en funciones.

 

Ya sé, ya sé, que no son solamente La Moncloa y Ferraz quienes, tras una convocatoria electoral cuando menos también arriesgada para los intereses del país,  adolecen de la angustia por llegar a la investidura y seguir donde están, es decir, en el poder. También a Núñez Feijoo, ahora embarcado en una labor de oposición y asumiendo al fin que su acceso a la Presidencia del Gobierno se va a hacer casi imposible a corto plazo y sin nuevas elecciones, ha cometido deslices de principiante. Como ofrecer a Sánchez unas nuevas elecciones dentro de dos años si ahora el PSOE se abstenía y le dejaban gobernar a él, al fin y al cabo el ganador (efímero) de las elecciones legislativas. Sánchez aún se está riendo de la ‘oferta’.

 

Gobernar, aunque sea en funciones, aunque sea desde la expectativa, exige un mayor sosiego, un cálculo mucho más certero , a corto, medio y largo plazo, de las consecuencias de lo que se pretende y de lo que se hace para lograrlo. En el PSOE ya cundieron las alarmas ante la falta de cuidados técnicos que acompañaron a la ‘ley del sí es sí’, entre otras. Las presiones de Podemos, primero, y de Sumar, ahora, sobre todo, en este último caso, en lo referente a la negociación con los independentistas catalanes, hubiesen reclamado una mayor cooperación y un más fácil entendimiento entre los coaligados. Y tampoco estaría de más pedir a las huestes de Yolanda Díaz un poco de calma a la hora de las proclamas.

 

Esta carrera contra el tiempo y. a veces, contra el sentido común, en alianza con el talante inveraz de nuestros representantes,  está disparando los ya altísimos niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia sus políticos, y tendrá, indudablemente, consecuencias. El último traspié de la sede de  Ferraz, ineficazmente gobernada en estos momentos, ha sido el del recurso al TC por la famosa votación en Madrid, dejando una impresión de recelo hacia el recuento oficial que deja en mal lugar el prestigio de España como una democracia seria. Y, para colmo, hace pensar en que el Gobierno tiene una ‘excesiva confianza’, vamos a llamarlo así, en el Alto Tribunal, al que cree controlar, poniendo una patata excesivamente caliente en manos de los magistrados y en las del presidente, Cándido Conde-Pumpido, que no podrá, razonablemente, dar al Ejecutivo todo lo que este le pide.

 

Antes, recuerden, el partido gobernante recurrió contra las encuestas y los encuestadores, que les vaticinaban un fracaso. Y antes, volvamos a recordar, la metedura de pata de Pegasus, aquello de que también el presidente y dos ministros habían sido espiados, que trajo todo lo que trajo. Y antes…En fin, la lista no es corta. Precipitación, improvisación, falta de estudio suficiente sobre las materias abordadas, son vicios políticos que no bastan para compensar a los valores que reconocemos, como trabajo, dedicación y ambición. Aunque muchas veces esta ambición lleve a abrir demasiados cajones a la vez sin saber cómo cerrarlos. O sea, lo que ha ocurrido ahora con el TC y lo que puede suceder con la amnistía-exprés, tema en el que me parece que ya se está reculando en los opacos estamentos oficiales.

 

Lo presenté hae un año, el 11 de septiembre. Han pasado tantas cosas, y tan graves, que ha quedado totalmente obsoleto. Toda una meditaión…)

 

Perdón, de antemano, por hablar de mi libro. El lector verá inmediatamente que no es afán propagandístico, porque aquel volumen, que salió a la calle hace exactamente un año, el 11 de septiembre, está ya por completo obsoleto. Sí, porque hablaba de las etapas del PSOE en el poder, la de González, Zapatero y Sánchez. Y aquel PSOE que yo historiaba es hoy por completo otro diferente, imprevisible, anegado por circunstancias insondables. Solamente en el último mes y medio, tras las elecciones, podría decirse que el Estado, con el partido que lo gobierna al frente, ha dado la vuelta como un calcetín. Y ahora nos enfrentamos a una auténtica revolución legal…o a una contrarrevolución, cómo saberlo si, como parece, ni el propio Pedro Sánchez lo sabe.

 

El PSOE (1879, Pablo Iglesias Posse), el partido más antiguo y quizá aún el mejor organizado de España, ha sobrevivido, desde Indalecio Prieto y Largo Caballero, a enormes tensiones, que habrían significado la fractura de la mayor parte de las formaciones políticas. Pero un sentimiento de orgullo militante lo ha preservado, pese a todo. Ahora estamos ante la última., quizá la más seria, de esas tensiones: la historia reciente se vuelve contra los actuales gestores del partido, con Pedro Sánchez a la cabeza. Y no es solamente por la amnistía a ‘los de Puigdemont’, que cronistas cercanos a La Moncloa aseguran –yo tengo mis dudas—que el presidente y secretario general está dispuesto a conceder contra viento y marea; hay una concepción general de por dónde ha de ir la nación en esta era de cambios turbulentos en el fondo de las muy importantes discrepancias entre la vieja y la nueva era.

 

No son solamente los nombres conocidos ya, comenzando por González y Guerra, o por Almunia o Tomás de la Quadra, los que, por razones constitucionales, legales o prácticas, discrepan de unas cesiones –hoy, la amnistía, mañana el referéndum y la mediación internacional—que piensan que no solamente pueden romper el partido, sino la legalidad básica y, en el fondo, España; hay muchos otros que estos días se expresan en privado y que no se ciñen solamente a figuras que, con el paso del tiempo, se han hecho muy conservadoras hasta situarse en los limites del socialismo. Puede que en los próximos días el goteo de discrepantes se acentúe a medida que la cuerda se vaya tensando.

 

Ignoro, claro está, el efecto que las hemerotecas, las discrepancias internas y hasta la legalidad –los límites de lo que puede hacer un Gobierno en funciones teóriamente impedirían aprobar una amnistía en el plazo de un mes, como quiere Puigdemont—tendrán sobre la voluntad del presidente, muy poco, o nada, dado a la rectificación y a volver grupas por prudencia. El carácter de Sánchez es más bien lo contrario: resistir para seguir avanzando, sin que los ruidos de las cámaras legislativas, de las instituciones, de la calle (encuestas que vienen) o los efectos inflamatorios de la Diada, por ejemplo, que esa es otra, le sirvan para reflexionar sobre lo actuado.

 

Esta misma semana, cuando queda medio mes para la primera sesión de investidura, que, salvo sorpresas mayúsculas, perderá Núñez Feijoo, tendremos nuevos indicios de hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez en su aventura por formar ‘una mayoría  de progreso’. Tengo para mí que algún asesor especialmente alarmado ya anda insinuando que complacer a Puigdemont, si es que este sigue en su plan inflexible, va a ser legalmente imposible, digan lo que digan el Tribunal Constitucional o la militancia, si es que todo esto se le somete, como sería casi preceptivo, a consulta. Pero ¿existe una posibilidad de retirada honrosa para Sánchez, de proclamar que ha fracasado en su intento de ‘reconducir’ a Puigdemont, de asegurar que él lo que pretende es defender la Constitución, el sistema, la legalidad, y entonces volver la vista hacia unas nuevas elecciones?

 

Quién sabe. En mi obsoleto libro han cabido muchos ejemplos de actuaciones sorprendentes, desde aquel referéndum sobre la OTAN hasta la moción de censura de 2018. Pero creo que nunca el país ha estado ante un dilema jurídico y moral de esta magnitud, un dilema que puede arrastrar muchas más cosas que al PSOE. A Sánchez no se le puede negar el valor de ir más allá de las líneas rojas, fiado siempre en su madrina, la diosa Fortuna. Pero cuando el valor se vuelve temeridad y desoyes los más prudentes avisos se hace realidad el antiguo dicho falsamente atribuido a Eurípides: ‘cuando los dioses quieren destruirte, primero te vuelven loco’. Que no hablo yo, claro, de locura, pero sí de ceguera, que en su peor fase es no ver lo que todos los demás, comenzando por las leyes, ven con claridad.

 

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El ex alto cargo socialista es uno de los de la no tan ‘vieja guardia’ que está en contra de aprobar una ley de amnistía, con la denominación que sea, para permitir a Puigdemont regresar a Cataluña sin riesgo de pisar la cárcel. “¿Sabrá Núñez Feijoo que con toda probabilidad sería ilegal que un Gobierno en funciones tramitase una ley tan importante, al margen de su posible, o no, inconstitucionalidad?”, me pregunta, extrañado de que la ley que prohíbe tal tramitación no haya sido esgrimida aún en público por la oposición. Pido más explicaciones a mi amigo el ex, que ha desempeñado importantes tareas en gobiernos socialistas anteriores. Aquí están.

 

Quienes hicieron aprobar, por amplia mayoría, una Ley del Gobierno, la 50/1997, del 27 de noviembre, no fueron ni Felipe González ni, claro, Zapatero, sino ministros de José María Aznar, si bien el proyecto de esta Ley, aprobada por amplia mayoría, se gestó en las postrimerías del mandato de González, que ahora encabeza la oposición socialista a la concesión de amnistía para el ‘procés’. Y el nunca reformado Título IV de esta Ley, dedicado a los gobiernos en funciones, reza así en su preámbulo, cito textualmente:

 

“El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”

 

¿Es la tramitación de la amnistía un asunto ‘ordinario’ y más en las circunstancias políticas actuales en España? ¿Es un caso de urgencia “debidamente acreditado”?¿Podría, según el espíritu de esta ley –ya digo que no entro aquí en la que sería su, a mi juicio, muy cuestionable constitucionalidad–, tramitarse y, en su caso, aprobarse en el plazo de un mes una ley de amnistía que afectase a cuatro mil personas en condiciones más que polémicas?

 

Supongo que Feijoo, cuyos asesores no pueden presumir de ser eminentes juristas, pero que algo de esto han de saber, llevará a la Cámara esta ley cuando, dentro de diecisiete días, tenga que someterse a una investidura que todos dan, con los números en la mano, como presuntamente fallida. Pero me pregunto si Pedro Sánchez tiene a su artillería jurídica, más allá del Tribunal Constitucional, lista para procurarle respuestas basadas en la ley, y no en la distorsión de la misma, para contraargumentar las razones de quienes se oponen a dar satisfacción a Puigdemont. Una oposición que ya se está viendo –González, Guerra, Jáuregui, Almunia, Sevilla, Lambán, Eguiguren y otros que, como mi amigo, aún no han hecho pública su posición— que no afecta solamente al bloque de la derecha.

 

Pienso, ya lo he expresado algunas veces, que Pedro Sánchez no podrá seguir tensando una cuerda que amenaza con romperse por varias partes, ni podrá, salvo que esté dispuesto a afrontar serias consecuencias, seguir dando la impresión de que están, él y la legalidad del país, en manos del fugado de Waterloo. Tiene una relativamente sencilla marcha atrás, asegurando que para él la defensa de la Constitución y de la legalidad vigente es lo primero y que no ha logrado atraer al irredento separatismo del líder moral de Junts a esta legalidad. Creo, incluso, que ello, más la promesa de gobernar “de otro modo” tendría rédito para él en unas nuevas elecciones, sobre todo pensando, como se piensa en La Moncloa, que el PP y Vox se encuentran en una situación de cierto ‘decaimiento electoral’.

 

Seguir adelante con los planes para ‘fabricar’ una amnistía exprés y, luego, tener que aceptar, durante la Legislatura, la exigencia de puesta en marcha de un referéndum vinculante sobre la secesión en Cataluña, entre otras cosas, podría acabar destrozando a un PSOE que hasta hace muy pocas semanas pregonaba cosas distintas a las que ahora parece –porque Sánchez no se ha expresado de manera clara al respecto, aunque sí sus ‘portavoces’ de Sumar—que defiende. Esto, pienso, piensan bastantes en el propio PSOE también, no puede seguir así.

 

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Pasada la DANA meteorológica, ahora llega una auténtica tempestad política, que se va a prolongar, presumiblemente, durante casi dos meses, al menos. Tras el ‘manifiesto Puigdemont’, este martes, la permanencia en La Moncloa del presidente en funciones va a requerir tragar más de un enorme sapo. Pero todo indica que el resiliente Pedro Sánchez los tragará, empezando por el ‘reconocimiento de legitimidad del independentismo’, y siguiendo por la amnistía. Porque será preciso para que haya un -pienso que probable- acuerdo con Junts. Y, por tanto, para seguir ocupando el principal despacho de La Moncloa.

Lo que Puigdemont, cuidando mucho las formas y sus palabras, propuso este martes no fue un ‘acuerdo histórico’ con algunos partidos nacionales -no excluyó formalmente al PP–, ni un ‘compromiso histórico’ semejante al pacto entre partidos ideado en los años setenta por el eurocomunista italiano Enrico Berlinguer. No: lo que Puigdemont, hay que insistir en que con formas casi exquisitas, planteó desde el corazón de Europa, a veinte días de que comience la primera ronda de las sesiones de investidura, fue más bien un ‘reto histórico’. Un reto para el Estado, para la propia Historia, para la Constitución y para el ‘statu quo’ vigente, no solo en lo referente a las relaciones y a la situación de Cataluña en relación con el resto de España.

Cierto, no exigió directamente un inmediato referéndum de autodeterminación, que es el tema más espinoso, lo que indica su voluntad de llegar a un acuerdo. Sí consideró insalvables una amnistía, cuyo alcance no especificó, y un mediador que vigile el cumplimiento de los acuerdos a los que pueda llegar con el Gobierno central a cambio del ‘sí’ de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. El fugado ex president de la Generalitat habló de una negociación, a comenzar ya mismo, previa a su decisión sobre la investidura, tras criticar la conducta de los grandes partidos nacionales, también de los socialistas, respecto de Junts. Para nada habló de su encuentro la víspera con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, muy criticada, por cierto, en ámbitos socialistas por ‘haberse adelantado a los acontecimientos’, buscando su lucimiento personal y no una acción coordinada con su ‘socio’ el PSOE. Aunque otras fuentes admiten, por el contrario, que entre Sánchez y Díaz existe ‘una perfecta coordinación’ disfrazada con tácticas y estrategias distintas y acaso no tan distantes.

Todo hace pensar que ya en su reunión el lunes en Bruselas de tres horas con la señora Díaz, Puigdemont le adelantó punto por punto el fondo y el tono de su intervención de este martes, de manera que La Moncloa conocía perfectamente con antelación los términos en los que Puigdemont se iba a expresar. Las reacciones al discurso del fugado, sin admitir preguntas, estaban preparadas de antemano. «El presidente ha garantizado que se cumplirá la Constitución en todo el territorio de España», dijo la portavoz al término del Consejo de Ministros. Y poco o nada más.

Lo sustancial para los medios socialistas y de Sumar parece ser que el fugado de Waterloo niegue la inconstitucionalidad de la amnistía y de ‘la consulta’, o sea, el referéndum. Dos horas antes, el ex presidente del Gobierno Felipe González, en declaraciones a Onda Cero, había hecho tragar un primer sapo a Sánchez, afirmando tajantemente que la Constitución no ampara ninguna de las dos medidas, y no escondió serias críticas -las reiterará en breve, presumiblemente- a la actuación del ‘Gobierno Sánchez’.

Pero es un Gobierno que parece absolutamente decidido a sacar adelante, como sea y lo critique quien lo critique, el proceso de la investidura de Sánchez, que podría concretarse a mediados de octubre, una vez presumiblemente fracasada la investidura de Feijoo. Claro que, hasta entonces, la negociación con Junts, como ya comprobó presencialmente, parece, y pese a las mutuas sonrisas, Yolanda Díaz, va a ser dura, correosa y ‘a la española’, es decir, siempre al borde de una hipotética, pero no real, ruptura. Porque presumiblemente, y esto es una impresión solo personal, el acuerdo básico está hilvanado, lo que no quiere decir que el fugado no haga sufrir a Sánchez, incluso humillándolo de manera sutil, durante las próximas cuatro semanas.

Va a ser el momento en el que la oposición va a endurecer su tono -mucho más duro, en el fondo, que el de Felipe González no va a ser, desde luego- respecto del sendero de Sánchez hacia su permanencia en el poder. Para comenzar, Feijoo ya pidió que cesase a Yolanda Díaz por haber emprendido, al parecer por su cuenta -cosa que personalmente dudo-, un contacto público, desde el Gobierno y no simplemente desde Sumar, con un hombre que sigue siendo buscado por la Justicia española. Veremos a ver qué dice la Justicia, incluso quizá hasta por boca de algunos magistrados del Supremo, cuando este jueves se inaugure el año judicial, con el Rey presidiendo el cada año más incómodo acto.

Tormenta perfecta, pues. No, no está la cosa como para que Sánchez cese a Yolanda Díaz -suponiendo que pudiese hacerlo en funciones y, claro, que quisiese–, ni para prometer ministerios a los irritados dirigentes de Podemos, cuya actitud en el Consejo de Ministros es, parece, crecientemente desafiante. El presidente del Gobierno y aspirante a lo mismo avanza hacia su permanencia en el poder caminando descalzo sobre afilados cristales, algo que solamente un personaje tan resiliente como él podría soportar: ¡¡incluso encontró tiempo en la trepidante mañana de este martes para acudir al tanatorio a despedir a María Teresa Campos!!.

No sé si se dan las circunstancias de calma, serenidad y tiempo de reflexión que serían imprescindibles para pensar con frialdad en las consecuencias que, a medio plazo, va a tener todo esto para la estructura democrática del país. Un reto formidable que requiere de estadistas, mucho más que de gestores de danas, para afrontarlo. ¿Los tenemos?

 

(pues de todo aquello apenas han pasado seis años. Una eternidad….)