—

—
(A este paso, va a haber m´ñas luz al final del túnel que trenes)
—-
Las eternas dos Españas que, menos mal, nunca acaban de destruirse, como dijo Bismarck, ha encontrado un nuevo tema de confrontación: la culpa de que los trenes que ha comprado el Gobierno para la red de cercanías de Cantabria y Asturias no quepan en los túneles existentes ¿la tienen los trenes o los túneles? ¿Es responsable el Gobierno, que va de cabeza en tantos temas, o los cabezas de huevo que deciden autónomamente? Claro que la cuestión de fondo es que los trenes, más de doscientos cincuenta millones tirados a la basura, no pueden pasar por los túneles porque son demasiado grandes. O los túneles demasiado pequeños. Ya ve usted que la chapuza nacional no se limita a la redacción de la ley del ‘sólo sí es sí’ o al proyecto legislativo del bienestar animal. O a los remiendos en una coalición llena de rotos y desgarros. O a la ocurrencia de presentar al ex comunista Tamames como candidato de Vox frente a Pedro Sánchez. Menuda semanita ‘chapuceril’, con perdón, que se nos echa encima.

Ya se ha dicho con insistencia y me temo que con acierto: el Gobierno (y la oposición) han abierto demasiados cajones y luego no saben cómo cerrarlos con la eficacia y la pulcritud técnica que serían exigibles. Que el espíritu chapucero se extienda a varios partidos, a las instituciones -la que está montando el Tribunal Constitucional con el aborto, Dios mío-, incluso ocasionalmente a nosotros, los profesionales de la información, no aminora la gravedad de los bodrios de cada uno de los estamentos considerados. No se trata, claro, de minimizar la chapuza gubernamental englobándola en el ‘mal de muchos’ o disculpándola por los avatares de una campaña electoral, porque es el Gobierno quien mayor responsabilidad tendría a la hora de ofrecer a la ciudadanía una cierta sensación de seguridad jurídica y de que la improvisación oportunista nunca es la tónica que impulsa la gobernación que pesa sobre nosotros. Y lamentablemente no es el caso, desde luego.

No quisiera hoy escribir sobre la ‘ley del sí es sí’, o sobre el futuro de la coalición gubernamental, o sobre el ex camarada Tamames, o sobre esos temas pintorescos que pueblan los titulares del día: doctores tiene cada una de esas iglesias. Y, en cambio, acogiéndome al ejemplo de los túneles y los trenes, recogeré lo que está siendo un clamor nacional: España no funciona tan bien como debería. Trate usted de hacer una gestión sobre la Seguridad Social o acerca de sus impuestos en Hacienda y vaya a las respectivas páginas de Internet, a ver lo que ocurre. O, peor, llame usted a los teléfonos de información, a ver quién le contesta y cuándo, y en este apartado incluyo a no pocas grandes entidades privadas. Creo que fue Suárez, o Aznar, quien dijo que, cuando los teléfonos a los que usted llama para informarse de algo, porque teóricamente para eso están, nos fallan, es que el país entero falla. Dígaselo usted también a los jubilados que tienen que hacer gestiones en sus bancos o quieren asesorarse sobre los precios que tienen que pagar para tener luz.

Se empieza por olvidar a todos esos millones de personas -valorados solamente en su condición de electores_y se termina, claro, midiendo mal los trenes. O midiendo aún peor el alcance de una ley social mal hecha que está, sí, es así, sacando de la cárcel a gente que ha cometido delitos abominables. Se acabará culpando a la montaña que alberga el túnel, a los jueces, al mensajero, a cualquiera, menos a los chapuceros que tanto peso tienen sobre nuestras vidas cotidianas y siguen cobrando de nuestros impuestos.

—-
(ahora sí que son una pesadilla para Sánchez, sí)
—-

Este miércoles volvemos a las sesiones de control en el Congreso, y todo hace pensar que serán tan broncas como siempre en un panorama parlamentario que, con la pretendida moción de censura de Vox con Tamames como candidato, amenaza con retornar a lo circense. Pero, esta vez, la actualidad está, con las elecciones municipales y autonómicas ya a la vista, al rojo vivo. Y la oposición espera aprovechar la nueva quiebra interna en la coalición del Gobierno, ahora con la ‘ley del sí es sí’ a cuestas, para propinar un nuevo puntapié de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez. Y acaso, quién sabe, hasta precipitar la quiebra de la coalición del PSOE con Podemos. Pero lo que ocurre es…

Lo que ocurre es que la víspera, este martes, Sánchez tomará probablemente una decisión, inclinando la balanza a favor de la tesis del Gobierno sobre el agravamiento de penas a violadores y maltratadores, y desestimando, por tanto, la opción de Irene Montero y de Podemos, que este domingo protagonizaban un mitin en apoyo de ‘su’ muy controvertida ley. ¿Riesgo de ruptura en la coalición ‘Frankenstein’ que nos gobierna desde hace tres años? Casi nadie apuesta por eso, pero el inquilino de La Moncloa es imprevisible y sabe que los desplantes de Montero y Belarra están costando caros a la credibilidad y a la buena marcha del Ejecutivo.

En el PP, donde están casi eufóricos por bastantes cosas, entre ellas por esa ‘foto de la unidad’ del sábado, en la que aparece Feijoo con Aznar y Rajoy a cada lado, una especie de pipa de la paz que cierra un período convulso en el partido, van a apretar las clavijas. La pregunta de la portavoz parlamentaria del grupo Popular, Cuca Gamarra, este miércoles a Pedro Sánchez es: “¿es usted responsable de los actos de su Gobierno?”. El desarrollo del rifirrafe es esperable, porque lo que se busa es cargar sobre los hombros del presidente los patentes desatinos de ‘su’ ministra de Igualdad. Por eso, considero probable que en el Consejo de ministros de este martes se produzca algún viraje sensible en torno a una deficiente ley que, estando todos de acuerdo en su necesidad, es la que ha provocado controversias aún mayores que la de la reforma laboral o que los muchísimos otros desencuentros entre PSOE y Podemos, desde los que se refieren a la política internacional hasta los que afectan a la forma del Estado.

Claro que no parece probable que la sangre llegue al río. Sánchez necesita a ministras como Belarra o Montero para mostrar que la política del PSOE es más moderada, realista y técnicamente mejor fundada, sea ello o no aceptado por los ciudadanos. Además, el presidente teme, en el caso de cesar a las dos ministras podemitas, una posible reacción desaforada de su ex vicepresidente y ex confidente Pablo Iglesias, quien ya le ha advertido públicamente, desde los micrófonos de una radio, de que ha de ‘atenerse a las consecuencias’, se supone que si da un paso contra sus protegidas: ¿qué sabe Iglesias, si es que sabe algo, para atreverse a amenazar nada menos que al presidente del Gobierno?. Y, por el otro lado, la rama podemita encarnada por Belarra y Montero, con la que cada vez menos tiene que ver la vicepresidenta Yolanda Díaz, precisa seguir en el Gobierno, porque sin el presupuesto de los dos departamentos ministeriales, ¿qué haría formación morada, en pleno declive?

Lamentable es que la coalición se mantenga por razones tan alejadas del interés público, pero así están las cosas. Todo depende ahora del cálculo que haga Sánchez, que en cualquier caso tiene que remodelar el Gobierno a muy corto plazo ante el escándalo que supone mantener en el Consejo a las dos ministras (Reyes Maroto, Carolina Darias) que son, a la vez, candidatas en las elecciones de mayo. ¿Aprovechará la ocasión para deshacerse de Irene Montero y Belarra, que ocupan sistemáticamente los puestos de mayor impopularidad en el elenco ministerial? Hay, por supuesto, quinielas para todos los gustos circulando por los mentideros madrileños. Mi diagnóstico, para lo que valga, es que la ‘coalición de la moción de censura’ pende de un hilo. Pero este hilo es de acero. O más bien es un nudo gordiano, y a ver quién, y cómo, lo desata sin ser Alejandro Magno.

—–
(Cosas así solo te pasan una vez en la vida, me dijo Tamames)
—-

Claro que Ramón Tamames tiene tantas posibilidades de convertirse en el sucesor de Pedro Sánchez en La Moncloa como usted o como yo, o aún menos. He leído estos días decenas de entrevistas con él, en este su cuarto de hora de nuevo y quizá postrer protagonismo, y en ninguna he visto reproducido lo que a mí me dijo el pasado miércoles cuando le pregunté a propósito de la oferta de Vox para que se convierta en el candidato alternativo en una moción de censura al presidente del Gobierno: “estas son oportunidades que solo pasan una vez en la vida”, me dijo. Y, a los noventa, estas oportunidades, se abstuvo de añadir, hay que pillarlas al vuelo.

Así que sospecho que quien fue camarada en el Partido Comunista se va a decidir, tras este finde semana de meditación, por convertirse en la punta de la pirotecnia de Santiago Abascal. Un episodio chusco más dentro de la frivolidad política que nos anega. Y ya, como divertimento, se me ocurrió imaginar el que sería ‘Gobierno Tamames’. Nueva pirueta política del personaje, de quienes le lanzan al nuevo estrellato y, en definitiva, de una sociedad a la que han hecho inmune al surrealismo político.

A Tamames ya le incluyeron en un Gobierno loco. Fue en febrero de 1981, cuarenta y dos años ya, cuando el general Armada acudió al Congreso para llevar al teniente coronel Tejero, que tenía secuestrado el Parlamento, una lista de ‘gobierno de concentración’, presidido por el propio Armada. “Y ¿para tener a un comunista en el Gobierno he hecho yo todo esto?”, contaba discretamente Armada que le respondió, despectivo, el guardia civil golpista, señalando el nombre de Tamames como posible ministro de ya no me acuerdo qué. No sé si Tejero es simpatizante de Vox –muchos otras opciones no tiene–, pero seguro que estará partiéndose de la risa, o más bien de la ira, al ver la trapisonda urdida por el escritor, apenas tres años más joven que el nonagenario Tamames, Fernando Sánchez Dragó. A quien sin duda un Tamames hipotéticamente victorioso en la moción de censura recompensaría por su idea, haciéndole algo así como ministro de Cultura, Dios nos ampare.

Abascal sería, claro, vicepresidente. Y Fernando Suárez, el último ministro superviviente de Franco, que coincidió con Tamames este viernes en el funeral por el socialdemócrata ucedista José Ramón Lasuén, se convertiría quizá en ministro de la Presidencia. “De Exteriores, y como coalición, Cayetana Alvarez de Toledo”, bromeó ayer conmigo un viejo amigo socialista, contemporáneo de Sánchez Dragó, que, como acompañante de aquella campaña de Felipe González victorioso hace cuarenta años, conoce bien las páginas del pasado.

Claro que el pasado debe estudiarse como algo glorioso o miserable, pero nunca como algo que se convierte en patético. Conozco y aprecio a Tamames, ya digo, desde los viejísimos tiempos de militancia comunista. Me gustaría, francamente, que se decantase por el ‘no’, porque, como decía el severo José María Aznar al conocer este proyecto loco, la política debe tomarse en serio. Y el catedrático Tamames, el hombre que escribió la ‘Estructura económica de España’ con la que muchos complementamos la asignatura del Samuelson, no puede ser objeto de chirigotas. Porque mucho me temo que los chirigoteros gaditanos, a los que en la política española no les faltan fuentes de inspiración, deben estar ya preparando algún número especial dedicado a ‘don Ramón, el de la fallida moción’.

[email protected]

Coincidiendo con la fiesta del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación quiso unirse a la efeméride celebrando un acto sobre ‘Verdad y Constitución’ en el que intervinimos el vicepresidente de la sección del Derecho a la Información, el magistrado Antonio García Paredes, el periodista Juan Fernández Miranda y yo mismo, como uno de los galardonados en esta jornada por la Asociación de la Prensa de Madrid con la insignia tras cincuenta años de ‘militancia’ en esta organización. Decidí hablar sobre un tema que desde hace tiempo me ocupa: “los periodistas queremos algo más que el artículo 20 de la Constitución”, era el título de mi conferencia. Lo queremos y lo necesitamos; por eso traigo hoy el tema a estas páginas.

Y es que, en estos tiempos convulsos, en los que la información está siendo manipulada hasta el punto de que la mitad de las noticias que nos llegan son, de alguna manera, ‘fake news’, el artículo 20, que es el que nuestra ley de leyes dedica al derecho a la libertad de expresión, precisa de una legislación más específica que lo complemente y desarrolle. No basta con leyes de transparencia ni con las que defienden el secreto profesional o el acceso igualitario a las fuentes de información. Nada de eso se está cumpliendo lo bastante, como se demuestra en muchos recientes acontecimientos políticos, en los que se ha detectado una tendencia a la apropiación, desde el Ejecutivo, de parcelas institucionales: ni en el Parlamento, ni en los medios, ni en el seno de la sociedad civil se han debatido lo suficiente los pasos que se han dado. Porque desde ese mismo Ejecutivo -y no ha sido el actual el primero en hacerlo, ni estas cosas ocurren solamente en España- se ha procurado hurtar ese debate, prefiriendo las maniobras orquestales en la oscuridad a la luz y los taquígrafos.

Por eso creo que el artículo 20 debería haber incorporado algún tipo de advertencia a los poderes, en el sentido de que una parte sustancial de la libertad de expresión es el acceso sin discriminaciones, abierto y pleno, a la información de lo que hacen los gobiernos. La participación de los ciudadanos en la tarea de la gobernación es una de las claves de una democracia sana. Y de ahí la importancia de esa lucha por una mucho más completa libertad de expresión que llevamos a cabo tantos profesionales, conscientes de que nuestra misión es controlar al poder, no ser sus cómplices a la hora de la opacidad. Y esto, opiné, es particularmente necesario cuando hemos entrado, de hecho, en una campaña electoral trascendental, donde la verdad, la información abierta y no sectaria, se convierte en un bien especialmente escaso: el artículo 20 habría de ser desarrollado también en este punto, con una regulación incluso de los debates electorales que evite el caos actualmente existente.

¿Cuánto más tardaremos en elaborar una ley específica que desarrolle por completo, en nombre de la libertad de expresión y todo cuanto ella implica, este derecho enunciado en el artículo 20, al que hay que amar y respetar, pero que no llega a comprender los enormes cambios que se han registrado en el mundo de la comunicación no desde 1978, sino incluso en los últimos cuatro años?. Pero esto, planteado en unos momentos en los que nos asomamos a un cambio vertiginoso, ¿a quién le interesa? Parece a veces que lo esencial es la protesta porque a la presidenta de la Comunidad de Madrid la hayan declarado ‘alumni ilustre’ de la Facultad de Ciencias de la Información. Lo anecdótico sigue primando abusivamente sobre lo esencial. Y esa es otra.

—
Una de las consecuencias de toda manifestación callejera, como las del jueves en Barcelona y la del sábado en Madrid, es que los rivales de quienes alientan esa manifestación pueden comprobar la fuerza real de los que convocan a la gente a protestar en las calles. Creo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, ajenos ambos a las convocatorias que cito, han de sacar las consecuencias oportunas y ajustar sus tácticas y sus estrategias a lo que hemos visto y escuchado en esas concentraciones. Y una de las acciones a adoptar por ambos habría de ser una reestructuración de sus equipos. Una crisis de Gobierno, que se avecina, por el lado de Sánchez, y una toma de posición definitiva del PP respecto de Vox, por el lado de Feijoo.

Por supuesto que para nada hago, como sí hizo Sánchez en un claro exceso, una comparación entre lo ocurrido en las calles de Barcelona el jueves y lo que sucedió en Madrid este sábado. Son dos proyectos políticos sideralmente separados, como es obvio. Lo que ocurre es que en ambos casos se trataba de una protesta globalizada, una sanción general contra un Gobierno que trata de ejercer una acción balsámica en Cataluña –ya se ve que el bálsamo es insuficiente, a juicio del independentismo radical, que por cierto no congregó precisamente a grandes multitudes—. Y un clamor extremado contra un Ejecutivo que conduce por la izquierda y desde la falta de transparencia, que era la denuncia, ideologizada, de los congregados en Cibeles a la sombra de Vox.

El destinatario de las protestas era, en ambos casos, un Pedro Sánchez incapaz de autocrítica y que sigue esperando grandes réditos de su política ‘apaciguadora’ en Cataluña, a base de volantazos que, como en el caso de la reforma de la malversación, le costarán caros en el resto de España. Pero yo también diría que el otro gran actor de la política española, Feijoo, situado en el balcón del espectador mientras la derecha-derecha, esa que le acusa de ‘blando’, se congregaba en La Cibeles, debería anotar ambas congregaciones en su cuaderno de propósitos para el año nuevo, que es electoral: si Sánchez tiene que ordenar su Ejecutivo para ganar coherentemente esas elecciones, sin ministras que llamen “capitalistas despiadados” a empresarios destacados, Feijoo tiene que arreglar cuentas con ese Vox que saca a miles de personas a las calles armadas de indignación y de banderas españolas.

Creo que se juegan, nos jugamos, mucho más que la victoria de unos u otros en las urnas. Es la construcción de un Estado lo que está en juego. Las relaciones de Cataluña con el resto de España siguen siendo una pieza difícil de encajar –ministro hay también que aboga con claridad por un referéndum de autodeterminación—y la configuración partidaria de un país que hasta hace poco era bipartidista sigue siendo, se mire como se mire, una asignatura pendiente. Sánchez ha abierto demasiados cajones a la vez y no sabe cómo cerrar muchos de ellos: ahora le toca, aprovechando que dos ministras son candidatas, terminar la obra de un Gobierno coherente.

Y Feijoo tiene pendientes de abrir otros varios cajones: encontrar gente de relieve para sus listas electorales –ya está contactando con personas relevantes– y clarificar de una vez hasta dónde está dispuesto a llegar con o sin Vox, para lo cual dependerá bastante lo que haga, no haga y grite o susurre el partido de Abascal, que supo, es cierto, imprimir una cierta moderación a ‘su’ manifestación de este sábado. Y que ninguno de los dos confíe demasiado en las encuestas que corren como liebres: todo está demasiado abierto como para que sean suficientemente fiables. Todo es reversible, todo puede encauzarse. Y también desmadrarse. Ellos tienen que elegir.

La imagen apacible de Pedro Sánchez con los responsable de varias de las principales entidades del Ibex en Davos puede resultar significativa de un hecho que cada día me parece más evidente: está acabando el ‘acelerón por la izquierda’, tan patente en los tres años de gobierno de coalición. Lo que no necesariamente quiere decir que haya llegado el turno a la derecha, ya se ve –miremos a Castilla y León, pero también a Madrid o a Barcelona—que aún envuelta en la gran polémica que determinó la caída de Pablo Casado: ¿sí o no a la acción con Vox para una futura gobernación? ¿sí o no al frentismo?
Me parece la respuesta a estas preguntas uno de los temas clave que tiene planteados España. Alberto Núñez Feijoo cuenta ahora con una gran oportunidad para aclarar su futuro. Porque lo ocurrido en Valladolid con el ‘voxista’ vicepresidente Juan García-Gallardo no es apenas una metedura de pata en cuestión tan sensible como el aborto por parte de un político inexperto y excesivamente ‘fogoso’, vamos a llamarlo así: es una auténtica prueba para mostrar si el PP puede funcionar en un gobierno con una formación tan dispar como la de Santiago Abascal. Y, aunque en pura teoría sean cuestiones diferentes, creo que no le vendría mal al político gallego aprender de lo que está siendo la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos: un continuo desencuentro que, se diga lo que se diga oficialmente, lastra la gobernación del Estado y cuestiona puntos clave, como la propia forma de ese Estado o el occidentalismo de España.
Mucha gente reconoce ahora haber votado al PSOE en las últimas elecciones generales de noviembre 2019 pensando que se haría realidad lo que el propio Sánchez había reafirmado: que convocaba aquellos comicios para evitar hacer lo que precisamente hizo al día siguiente de que la ciudadanía acudiese a las urnas: un pacto de coalición con Pablo Iglesias y su partido. Seguramente, los resultados electorales hubiesen sido otros si se hubiese advertido previamente de la inevitabilidad de ese pacto entre ‘extraños compañeros de cama’, como dijo Churchill. Ahora, sospecho que en su propio ‘viaje al centro’, Feijoo vería lastradas sus expectativas de ampliarse hacia zonas templadas si siente en el cogote el perturbador aliento de Vox.
Por lo demás, las encuestas –tengo una en mi poder, no publicada, muy reveladora—abonan esa tesis del agotamiento del ‘¡izquierda, ar!’ que ha venido siendo la tónica de un Sánchez que empezó, puedo dar fe de ello, con tesis muy moderadas en lo económico antes de llegar al poder y que luego, por aquello de contentar a los ‘socios’ de diverso pelaje, ha ido derivando hacia esas posiciones, ya se ve que decaídas, de considerar enemigo al adversario, al ‘del puro en la boca’ de los cenáculos y, en concreto, a la presidenta de un banco y al de una hidroeléctrica que, por otro lado, personalizan la internacionalización de la economía española. La ‘foto de Davos’ que ayer publicaban todos los periódicos, con Sánchez en paz, armonía y tal vez acuerdo con el Ibex, era muy, muy reveladora del giro mental que sospecho que se está produciendo.
Tengo para mí, desde hace años, que, excepto esos excesos verbales y en algunas medidas muy puntuales, Feijoo no gobernaría en materia económica muy diferente a como lo ha tenido que hacer Sánchez bajo la tutela constante de la UE. Otra cosa serían las medidas sociales, esos gestos hacia una de las dos Españas que siempre lastran los mensajes moderados. Y es ahí, en esos gestos, donde tanto Vox como Unidas Podemos se convierten en muy incómodos socios para gobernar. Como, supongo, podrá deducir Feijoo de lo que se grite en la manifestación de los de Abascal este sábado.
El momento, cuando se define nada menos que la actuación para una ‘conllevanza’ del Estado en Cataluña –atención a la manifestación de este jueves en Barcelona–, cuando hay que distribuir los fondos europeos y redefinir toda una política derivada de la guerra en Ucrania, es delicado. Tanto para el presidente del Gobierno como para quien, de momento solo con encuestas en la mano, aspira a serlo. No puede ser que actuaciones precipitadas y poco reflexivas, que siempre emanan de los dos extremos, pongan en peligro esa oportunidad para una era realmente nueva y mejor que reclamamos y merecemos para este país.

[email protected]

El 2023 en el que ya nos adentramos, y que este lunes conoce ya el pistoletazo de salida hacia las elecciones no tan lejanas, va a ser año pródigo en goyescos duelos a garrotazos, tan hispanos. Comenzando por dos batallas absurdas, netamente políticas, aunque una de ellas tenga como escenario el Tribunal Constitucional. Por un lado, seguimos atónitos la enconada pugna en Ciudadanos, un partido centrista necesario a punto de fenecer por sus propios errores, que tendrá su punto culminante este fin de semana, en un congreso extraordinario donde explotará la rivalidad entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal. Y, por otro lado, en las próximas horas se dilucidará quién presidirá el Tribunal Constitucional en una disyuntiva que muy pocos, o quizá nadie, entienden en una institución que se quiere prestigiosa.

Lo de Ciudadanos bordea el ridículo. Un partido al que los sondeos con unanimidad vaticinan la catástrofe absoluta ante las urnas, si es que hasta ellas llega, se desangra para lograr, al final, nada. Una muestra más de la inanidad de la política española, consumida en batallas por el poder personal y en errores de libro siempre con ese poder, y no con el bien del país, en el punto de mira. Bien ido estará el partido que fundó, con enormes expectativas y con grandes oportunidades, un Albert Rivera que se equivocó, al final, en todo, sin que su sucesora, Arrimadas, haya tenido muchos más aciertos, desde su ‘huida’ de Cataluña –donde había ganado las elecciones– hasta su loco intento de moción de censura contra el Gobierno murciano. Lo malo es que en España hace falta un partido netamente centrista, bisagra. Como el comer. Y siempre, desde la UCD, los intentos de consolidarlo han fracasado. Quizá porque la legislación electoral sigue siendo la equivocada. O, más probablemente, porque España es mal terreno para la equidistancia entre los extremos.

Claro que peor es el espectáculo que se nos ofrece en el Tribunal Constitucional, donde, salvo maniobras y pactos orquestales en la oscuridad de última hora, dos candidatos compiten por la presidencia del máximo órgano de garantías, tan desgastado por lo ocurrido para su renovación en las últimas semanas. Los magistrados se han comportado como auténticas terminales obedientes a los partidos que los seleccionaron, y todo indica que esta semana votarán de acuerdo con las indicaciones de ‘sus’ políticos para situar en la presidencia a Cándido Conde Pumpido, odiado por la derecha, que le considera un ‘filosocialista’, o a María Luisa Balaguer. Una magistrada de ideología fuertemente izquierdista, por cierto, y muy paradójicamente apoyada por la oposición conservadora: todo con tal de que no salga don Cándido…

Claro que esta situación refleja el absurdo en el que ha caído nada menos que la institución que tiene la última palabra en lo que se refiere a la interpretación –siempre demasiado laxa, flexible y hasta sectaria en España– de la Constitución. El Gobierno ha logrado situar en el TC a sus poco idóneos peones (también lo hizo el PP, de manera similarmente descarada) y ahora cuenta con una relativamente cómoda mayoría en el Constitucional. ¿Significará eso que será Conde Pumpido el elegido? Ello seguramente facilitaría una nueva era de más de lo mismo, de duelos a garrotazos en un Tribunal que es mucho más que eso y del que todas las formaciones políticas han tratado, desde tiempos inmemoriales, de apropiarse.

Yo diría que este es el pórtico de lo que va a ir ocurriendo en un año que se prevé, si nadie lo remedia, pródigo en broncas, en ese marco inútil y odioso de confrontación que marca no solo las precampañas electorales (once meses interminables quedan para las generales, cuatro meses y veinte días para las municipales y autonómicas), sino, véanse las sesiones de control parlamentario al Gobierno, toda la vida política nacional. Y atención a las manifestaciones callejeras y a la moción de censura que vienen ya este enero, impulsadas por sectores próximos a Vox. Lástima, en fin, que la magnífica pintura negra de Goya siga estando tan de actualidad, y no precisamente por sus evidentes méritos artísticos.

Qué duda cabe de que uno de los más interesantes y quizá prometedores rostros políticos de este 2023 va a ser el de la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz. El halo de incertidumbre que rodea su futuro político, su propia indefinición a la hora de decantarse por algunas de las vías por las que creo que aún puede optar, contribuyen a que su rostro, día sí, día también, aparezca en las páginas de los periódicos y, por cierto, casi siempre en las páginas positivas, incluyendo las internacionales. Y lo más curioso es que lo logra siendo una de las pocas figuras políticas en candelero que no se ha metido ya de lleno en la precampaña electoral que tendrá su primer hito en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. Quizá hasta entonces pueda mantener el misterio, la levitación; luego, ya no.

Difícilmente verá usted a Yolanda Díaz metiéndose en charcos. Para eso ya están los/as dirigentes de Unidas Podemos, esa Ione Belarra y esa Irene Montero que cada vez que hablan hacen temblar los cimientos de lo que habría de ser una coalición armoniosa (lo es más de lo que parece, pero la coordinación podría, y debería, ser mejor para una buena marcha del Ejecutivo). Y no digamos ya nada del portavoz parlamentario ‘morado’, Pablo Echenique, que este viernes se apresuraba a descalificar el discurso del Rey el día de las Fuerzas Armadas, sabiendo, como sabe, que ese discurso ‘de Estado’ proviene directamente del Gobierno al que UP apoya. Ni la guerra de Ucrania, ni la ‘cumbre’ de la OTAN, ni la forma monárquica del Estado, por ejemplo, han sido temas que Díaz considere propios para abordarlos en polémicas: que otros practiquen el duelo a garrotazos.

Ella ha limitado su acción en el Ejecutivo al tema que le ocupa: el laboral. Y admito que, con sus ondulaciones, ha sido hasta ahora una bastante buena ministra de Trabajo: los sindicatos están ‘pacificados’, valga el término, y la patronal, que en muchas cosas discrepa lógicamente de la vicepresidenta-ministra, al menos la respeta. No ha sido posible otro ‘pacto laboral de La Moncloa’, pero este se ha avizorado como más cercano que un acuerdo político. Sus interlocutores se sienten siempre halagados, quizá en exceso, por ella (lo cual puede también ser bueno, al menos en el contexto de este lenguaje político, tan ‘broncas’, que se gasta en España). ¿Es fiable? He escuchado respuestas contrapuestas.

Son incapaz de predecir si marchará en solitario hacia las urnas (podría obtener unos cuantos escaños, quizá decisivos para apoyar un acuerdo de gobierno con el PSOE de Sánchez), o si acabará aceptando encabezar las listas de Unidas Podemos, para lo cual tendrá que aclarar sus malas relaciones con su competidora interna Irene Montero y, claro, con el ‘fundador’, no tan en la sombra ni tan apartado, Pablo Iglesias. O si escuchará los cantos de sirena que le llegarán sin duda desde el campo socialista y se prestará a una nueva ‘operación Garzón’ (Baltasar, no Alberto), como aquella de 1993 de Felipe González con el entonces ‘juez estrella’, que concurrió de ‘número dos’ en la lista por Madrid, y aceptará figurar directamente en las canbdidaturas del PSOE, como independiente o en un acuerdo con los restos de Izquierda Unida.

Todo esto es un cierto lío, lo sé, y el lío es poco conveniente a la hora de enfrentarse a las urnas. Por ello tendrá que decantarse –le quedan menos de cuatro meses–, rodearse de colaboradores más eficaces y notorios, que no todo va a ser repartir sonrisas y lisonjas mientras acapara el protagonismo en las medidas ‘buenas’ para la opinión pública, como la subida del salario mínimo, o los abrazos con Lula da Silva, contemplada con una sonrisa por Felipe VI. Ahora llega lo realmente difícil. Hoy, cuando empezamos a recorrer un año que va a ser sin duda políticamente apasionante, Yolanda Díaz es, aunque con distinto signo para unos y para otros, una apuesta. Pero ¿por cuál carta apostar? Hay quien predice el batacazo, pero no falta quien la vea, en un futuro quizá no tan lejano, hasta de presidenta de algún gobierno peculiar (el de ahora ya lo es, obviamente): no faltan encuestas que la prefieran a Sánchez en La Moncloa. El serial continuará, vaya si continuará: hoy, solo cabe constatarlo y tomar asiento de espectador en primera fila, si se puede, sabiendo que aquí van a ocurrir muchas cosas.

Dice la ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, que “la Constitución no se negocia: se cumple”. Una de esas frases vacías, muestra de la política testicular del ‘aquí-se-hace-esto-porque-a-mí-me sale-de’ que tanto practicamos por estas lindes. Y una frase que, para colmo, evidencia un severo error político: solo con una reforma profunda de la Constitución, negociada al más amplio nivel posible, podrá el país recuperar una cierta tranquilidad y racionalidad. Y se pondrá fin a una crispación y a una incertidumbre que duran ya demasiado y cuyos efectos son devastadores.

La frase de la ministra está enmarcada en el rechazo del Gobierno a negociar una renovación del poder judicial según la fórmula propuesta por el Partido Popular, para que sean los jueces quienes, en su totalidad, elijan a los magistrados del Consejo del Poder Judicial. Sigue el atasco en una cuestión que, evidentemente, no apasiona los ánimos políticos de los españoles, mucho más centrados en cuestiones más básicas, como hasta qué punto les va a afectar la inflación o las previsibles subidas energéticas derivadas de la prolongación al invierno de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, guste o no a tirios y a troyanos, la Constitución hay que reformarla en puntos sustanciales, incluyendo los que afectan al Título VIII dedicado al régimen autonómico o los artículos que se refieren a la organización de la Justicia (Título VI). Difícilmente se podría avizorar, por ejemplo, una solución en Catalunya si no se producen algunas modificaciones de calado en la Carta Magna, que deberían ser consensuadas entre las dos formaciones mayoritarias, PSOE y PP, en negociación con las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas.

Claro, entiendo que esto le parezca a usted una utopía, y más aún si, como es probable, lo que pueda ser el presente o el futuro de la Constitución española le importa nada o menos que nada por considerarlo ajeno a sus intereses o sus creencias. Y, sin embargo, como ‘constitucionalista imperfecto’ –o sea, consciente de que la carta magna española está gravemente desfasada—que soy, y acogiéndome a la amplitud de miras y al buen talante de esta publicación que me cede un espacio muchas veces discrepante, me gustaría poder avanzar una opinión sobre lo que sigue:

– Que la actual Constitución de 1978, aun no cumpliéndose ya en algunos de sus extremos, aun necesitando una buena mano de pintura en Títulos como los dedicados a las autonomías, a las Cortes, a la Corona o a la Justicia, entre otros, es la única ley que rige ‘supra’ territorios e ideologías, y que a veces, precisamente por sus carencias y desfases, lo hace de manera caótica.

-Que solamente bajo el paraguas del actual texto constitucional podrá procederse a una reforma del mismo que dé cabida, aunque sea en parte, a las muy variopintas aspiraciones políticas existentes en la nación, incluyendo en lo posible muchas de las de quienes quisieran separarse de la nación.

-Que se hacen precisos unos nuevos pactos de La Moncloa, con participación de todas las fuerzas nacionales y periféricas, para definir un nuevo marco de actuación política, una nueva transición política, en un país que va acumulando serias deficiencias democráticas.

-Que la recta final de esta Legislatura, precedida por graves irregularidades jurídicas que afectan a la marcha de la propia Constitución, debería ser el prólogo de esa era de diálogo multilateral que abriese un período ‘casi constituyente’ que reformase algunas de las bases del sistema.

Ya sé que, dicho así, suena como algo de imposible realización, así una loca quimera. Lo único que ocurre es que la alternativa, es decir, el ‘seguimos como estamos’, varados en una especie de cambio lampedusiano en el que se modifica algo para que todo siga igual e instalado en el coyunturalismo, es bastante peor. Porque muy poco, casi nada, puede seguir como hasta ahora.

No, ministra, no vale decir –cuando conviene: otras veces se guarda prudente y servil silencio—que “la Constitución no se negocia, se cumple”, y punto. Claro que la Constitución hay que negociarla. Y, si fue posible hacerlo en 1977, aún bajo la sombra del dictador fallecido, tiene que volver a ser posible ahora, cuando el rodaje democrático se va desgastando. Si arrastramos desde hace ya casi una década la crisis política que arrastramos, que ha afectado desde a la Jefatura del Estado hasta a bastantes gobiernos autonómicos, ha sido precisamente por meter la cabeza debajo del ala y creer que bastaba con unas cuantas llamadas telefónicas secretas entre La Zarzuela y La Moncloa, entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat, entre Barcelona y Waterloo, entre Madrid y Bruselas, para colocar los apósitos sobre las heridas, cada día más profundas, que afectan al cuerpo social y político de la nación.

Ya digo: quizá usted, lector, considere que estos problemas ‘de la nación’ no son sus principales problemas, que estarían circunscritos a un ámbito más local. Y, sin embargo, puedo asegurarle que sí son sus problemas, y que se irán agravando en la medida en la que no se afronten de una manera clara, tajante, dialogada e imaginativa. De acuerdo: eliminando la sedición y haciendo más leves las penas por la malversación, o haciendo más ‘digerible’ el Tribunal Constitucional, se pueden tender puentes frágiles y provisionales sobre el abismo. Pero, como el dinosaurio de Monterroso, el abismo, al amanecer, seguía ahí. Y el amanecer puede ser ya este año trascendental 2023 por el que hemos empezado a cruzar, a toda velocidad y sobre un puente de tablas desvencijado, entre las dos orillas.

Sí, ministra. Las constituciones, como todo ,lo demás, se negocian cuando es preciso. Y ahora, para que la Constitución se cumpla y sirva para los propósitos que deben ser el objetivo de una ’ley de leyes’, ya es preciso empezar a negociarla. Entre todos, empezando por aquellos a quienes la Constitución ni les gusta ni les importa una higa, y que, sin embargo, serían los primeros afectados por su mal funcionamiento.

—-
Un célebre director de un programa radiofónico montó un lío hace horas anunciando, con gracia, que al día siguiente, es decir, este 6 de enero, iba a entrevistar al Rey. Dejaba pasar unos minutos, para que la competencia rabiara y los oyentes se pusieran en alerta. Luego añadía: “al rey Gaspar, naturalmente”. Le verdad es que, desde que abandoné la niñez, esto de los reyes magos siempre me ha parecido cosa de ilusionismo, quizá porque la magia siempre tiene truco y la monarquía –yo soy monárquico, conste—es cosa demasiado controvertida y frágil como para andar paseándola en cabalgatas.

Pero ahora en serio: estos días se habla mucho de reyes. Ahora nos sorprenden con la noticia de que el emérito, Juan Carlos I, va a fijar su residencia permanente en Abu Dabi, donde se ha construido –¿?—una casa. No me parece buena noticia: el sitio para Juan Carlos, que ya ha pasado lo peor de su purgatorio por causa de sus evidentes errores y de los errores de quienes han gestionado sus errores, es España. El país en el que fue un bastante buen jefe del Estado –ya digo: también con sus trapisondas—durante cuarenta años.

Creo que Felipe VI, que está siendo mejor rey que su padre y al que le está tocando vivir una época que moral, política y socialmente es mucho más compleja, con todo, que la ya complicada que tuvo que afrontar Juan Carlos I, tiene pendiente la asignatura de la reconciliación con su progenitor y antecesor en el cargo. Y viceversa: pocas cosas más desmoralizadoras que una familia real que realmente ha dejado de ser una familia, al menos en el sentido tradicional de lo que eran, quizá solo de boquilla y de manera ‘mágica’ -véase la serie ‘The Crown’–, las casas reinantes. Veo a doña Sofía, gran señora, contemplando con respeto y una cierta tristeza el féretro del papa Benedicto y me entra como una especie de nostalgia por lo vivido y por lo representado en el altar de la política española…

Y este 6 de enero es cuando el jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas encabeza la jornada de la Pascua Militar, una fecha que quizá ha ido perdiendo dramatismo desde aquella catastrófica actuación de Juan Carlos I –lo ví desde muy cerca—en tan solemne jornada de 2014. La verdad es que el discurso del Rey ante los mandos militares suele tener más de rutina y menos de simbolismo que su mensaje a la nación en Nochebuena. Pero lo que el jefe del Estado diga encierra siempre, aunque a muchos no parezca interesarles, claves de gran significado. Máxime en un año en el que la guerra llama a las puertas de Europa y las Fuerzas Armadas adquieren una potencial relevancia especial.

Hoy, el estamento castrense es, entiendo, ejemplarmente democrático: nada que ver con lo que ocurría hace cuatro décadas. Los militares españoles aguantan en silencio muchas cosas que la oposición civil al Gobierno no tolera. Pero están ahí, garantizando, de manera silente, la unidad territorial y la permanencia básica de una Constitución que, contra lo que dice la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sí puede y debe negociar unas cuantas reformas, alguna de calado, entre otras cosas para fortalecer la propia institución monárquica.

Y no, no será Pedro Sánchez quien, pese a todas sus maniobras que vulneran la seguridad jurídica y la seriedad de las instituciones, haga tambalearse a la Monarquía. El sabe que, hoy por hoy, y aunque algunas encuestas evidencien el desinterés de la juventud por la forma del Estado, el Rey es mucho mejor aceptado por la ciudadanía que el presidente del Gobierno, que cualquiera de los presidentes del Gobierno posibles.

Claro que yo, ante este día de los magos de Oriente, no voy a caer en la trampa, que es un ejercicio inútil que practiqué antes y te lleva a la melancolía, de pedir en una crónica regalos, materiales o morales, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Menos aún caería en el ejercicio circense de entrevistarles (ya me gustaría a mí poder hacer una entrevista periodística con el Rey ‘real’, pero para qué soñar con imposibles: a los reyes-de-verdad, dicen, no se les entrevista. Lástima).

Porque creo, insisto, que estas cosas de los reyes son muy serias y hay que tratarlas con mucho mimo, para que la tradición perdure como la fuerza equilibradora que es. Sin afeites, ni trucos, ni betunes para el falso Baltasar.

[email protected]