Consumado el ‘pacto de las puñetas’

Enviado por Fernando Jáuregui | 17/11/18

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(un pacto puñetero, que tendrá consecuencias. O quizá, en este país tan peculiar, no)
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Escucho a algún magistrado amigo calificar así, como el ‘pacto de las puñetas’, el, a su juicio, “lamentable nuevo pacto del capó” entre PSOE y PP –que no es un acuerdo parlamentario, sino un acuerdo en las catacumbas—para renovar el Consejo del Poder Judicial. Un CGPJ atípico, que ha provocado el arquear de cejas de muchos togados y ‘empuñetados’, porque evidencia que no hay afán en el Ejecutivo, incluyendo al principal partido de la oposición, por la separación de poderes, sino, al contrario, por copar la mayor cantidad de poder del Estado hasta que unas elecciones vengan a forzar un nuevo reparto de cartas. Unas elecciones que Pedro Sánchez quiere colocar lo más lejos posible, allá por la primavera de 2020, pero que casi nadie, ni tampoco desde luego el único amigo que le queda a Sánchez, cree que se sitúen más allá del próximo otoño, si es que se llega hasta entonces.

Que ese único amigo que le queda a Sánchez, es decir, Pablo Iglesias, haya dicho, alto y claro, que las elecciones generales pueden ser “antes de lo que muchos creen” si no se llega, que no se llegará, a un pacto para sacar adelante los presupuestos socialista-podemitas, muestra por dónde andan las relaciones en la no declarada coalición PSOE-Podemos. Pablo Iglesias parece temer que Sánchez acabe abandonándole cuando ya no le necesite y está forzando la máquina. De hecho, Podemos se ha quedado algo marginado, al menos en apariencia, del ‘pacto de las puñetas’, que tanto está horadando la credibilidad de la clase política y de la ‘clase jurídica’, aunque al frente del gobierno de los jueces se haya consensuado a una figura tan respetable como la del juez del Supremo Manuel Marchena.

Ciudadanos decidió quedarse fuera de este pacto, salvaguardando así su honor. Podemos, que, según mis fuentes, fue quien inició los contactos subterráneos y en la oscuridad con el PP, a los que luego se unió el PSOE, también se ha quedado como al margen, pero sin ganarse la medalla, que sí se ha ganado Albert Rivera, de alzar su voz clamando contra un pacto que hace trizas lo más elemental de la doctrina de Montesquieu.

A Sánchez, lo va mostrando sin tapujos allá por donde va, del Congreso de los Diputados a Bruselas, de Antigua, en Guatemala –qué poca proyección ha tenido la ‘cumbre’ iberoamericana, por cierto–, a Rabat, lo que más le importa es la permanencia en La Moncloa ‘y en el Falcon’, como dicen los malévolos. Pero ahora, en pleno zafarrancho ante las diversas elecciones autonómicas, locales y europeas, resulta que PS es el mal menor: por ejemplo, ni Casado ni Rivera, en plena competición para ver quién es más ‘halcón’, serían capaces de dialogar con los independentistas catalanes (vamos a ver si Sánchez lo consigue; al menos hay expectativas).

Y, además, sospecho que ‘este’ PSOE, tan atípico, es el único que puede frenar la amenaza de un Podemos cada día más descontrolado, como ha quedado patente en el Ayuntamiento de Madrid y en Navarra y en Cataluña. Y me parece que también en Andalucía, donde Teresa Rodríguez, la versión local del partido morado (‘Adelante Andalucía’) no quiere pactar el futuro poselectoral con el PSOE-A si no se prescinde de su odiada Susana Díaz; ahí queda mucha tela por cortar.

Así que, si no es capaz de sacar adelante ‘sus’ (y de Podemos) Presupuestos este mismo mes de diciembre, PS prorrogará los de Mariano Rajoy, que eran, decía él, tan malos, y acudirá a los reales decretos-leyes para ir tirando hasta junio de 2020: así lo dijo el viernes en Antigua, clausurando una ‘cumbre’ iberoamericana, con presencia de Felipe VI, que tantas oportunidades tenía de convertir a España en el ‘plan Marshall’ para las necesidades de los inmigrantes en el subcontinente…y nada.

Ahora, a Sánchez le quedan Marruecos, La Habana, un diciembre apasionante a bordo de ‘su’ avión y tomando el turrón en el palacio presidencial, ahí es nada. Pero debe saber que nadie en su entorno más sensato, independientemente de lo que digan en voz alta ante los micrófonos, piensa que podrá llegar esta situación hasta 2020: ya tiene enfadados con él hasta a los fabricantes de automóviles, con unos anuncios ‘futuristas’, los de la desaparición del automóvil no eléctrico dentro de veinte años, que son ganas de cabrear a la gente para nada…

Y ya digo: el primero que no cree en la pervivencia de Sánchez en La Moncloa, al menos al margen de unas elecciones, es precisamente quien está manteniendo ahora esta pervivencia, el hombre que urdió, pero no consumó, el ‘pacto de las puñetas’, el hombre que, lo veremos, hará la puñeta a Pedro Sánchez a no mucho tardar. Esta situación algo surrealista en la que vive nuestra política, lo vamos a comprobar, va a dar muchas vueltas antes de lo que muchos piensan, según nos advirtió el único amigo (¿amigo?) que le queda ya a Pedro Sánchez.

fjauregui@educa2020.es

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Franco volvería a morirse. De risa. Y eso sí que no. ‘Porco Governo’…

Enviado por Fernando Jáuregui | 16/11/18


(Han pasado cuarenta y tres años, y parece que no hemos aprendido nada)
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Como Franco agitó Gibraltar –bueno, ahora, con el Brexit, también un poco—para distraer atenciones mientras cometía sus tropelías, ahora agitan a Franco para que los ojos de la opinión pública se vuelvan hacia el Valle de los Caídos: que salga de allí el dictador. Bueno, somos muchos los que pensamos que el Valle es un monumento a la confrontación fratricida y a la memoria de alguien que, por cierto, conviene recordar que fusiló a algunos miles de españoles, inaugurando una dictadura de cuarenta años. Pero creo que somos aún más los que, además, pensamos que, en su maniobra de distracción, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha metido en un buen lío, un lío más de los varios en los que incurre casi a diario, desde la gasolina diesel y el veto futuro a los coches hasta las bombas ‘inteligentes’, que solo matan por lo visto a malvados yihadistas, que vendemos a la Arabia que, por cierto, no necesitó esas bombas para asfixiar y descuartizar al periodista Khashoggi. Y ahora, Franco, que no tuvo piedad con los socialistas y menos con los comunistas y anarquistas, consuma póstumamente su venganza contra ‘este’ PSOE, cuarenta y tres años después.

Vaya por delante que quien suscribe acogió con cierto alivio la por otra parte muy atípica llegada al poder de Pedro Sánchez, que ponía fin a un período de inactividad pasiva y autosatisfecha –quién sabe por qué—de Mariano Rajoy, ese hombre que aún no nos ha regalado ni una explicación de lo que ocurrió con su salida de la Moncloa. A uno, qué quiere que le diga, le pareció bien aquella promesa, o así lo entendí yo, de convocar ‘pronto’ unas elecciones para repartir cartas de nuevo y empezar a regenerar el país. Pero no es esto lo que está ocurriendo: nada de lo prometido se está cumpliendo, ni siquiera la salida del dictador de aquello que se llamó Cuelgamuros. Una inmediata salida –ya se han incumplido los plazos que nos anunciaron– que era, por cierto, necesidad no demasiado reclamada como urgente por la ciudadanía.

Pues eso: que, a pocas horas de que se cumpla el 43 aniversario de la muerte de quien fuera llamado, sin demasiada exageración, el Generalísimo, el lío acerca del lugar donde reposará a continuación es morrocotudo. Quizá la manía del Ejecutivo de no dialogar sino con Pablo Iglesias –y a ver si Torra se ‘rebaja’ a tratar con el presidente del Gobierno central dentro de unas semanas—tenga mucho que ver desde con el enfado de los fabricantes de coches hasta, en muy otro orden de cosas, con el cabreo que tiene la familia del dictador, que no se resigna a perder sus antiguos privilegios. Lo malo, claro, es que la ley les ampara y en ese pequeño detalle no habían pensado los cerebros gubernamentales.

Me consta que la ministra de Justicia, para lo que valga, ofreció a la Fundación Franco (que, por cierto, ha llenado los periódicos estos días con esquelas recordando, más que nunca, a su patrono), honores militares y otras ventajas para un nuevo entierro en el cementerio de El Pardo, allá donde residió tantos años. Negativa: solamente, si forzoso es abandonar el Valle, la momia iría a la cripta en la catedral de La Almudena, que se convertiría, como ya han logrado convertir a Cuelgamuros, en lugar de peregrinación de nostálgicos, curiosos y gentes varias deseosas de chinchar al sistema, en general, y al Gobierno de Sánchez-Iglesias, muy en particular.

Y ahora ¿qué hacer? Me temo que lo mismo que en otros casos: decantarse por el diálogo, dejándose unas cuantas plumas en la gatera… O, si no, tratar de que la ciudadanía olvide esta promesa, inmersa como está en el fárrago de otras muchas ofertas y ocurrencias que o no se sustancian o se concretan mal. Y así, Franco, personaje al que no debemos olvidar, no vaya a ser que se repita, pero a quien nuestros nietos, e incluso nuestros hijos, desconocen por completo, se ha puesto de nuevo de actualidad. Toma esquelas, convocatorias de excursiones al mausoleo y vigilias o caminatas nocturnas. Temo que este20-n va a acaparar más titulares aún que Trump, que conmemorará los dos años, y qué dos años, de su relativa victoria en las urnas. Pues eso: que si el dictador levantara la cabeza volvería a morirse. De risa. Y eso, qué quiere que le diga a usted, me fastidia, ‘porco Governo’, que dirían los italianos.

fjauregui@educa2020.es

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Increíble: el Gobierno no avisó a los fabricantes

Enviado por Fernando Jáuregui | 14/11/18

Resultaba difícil de creer, pero era cierto: los fabricantes de automóviles se enteraron por la prensa de que el Ministerio correspondiente, o sea, el Gobierno, había anunciado que, a partir del año 2040, ya no se permitirán ni los coches diesel, ni los de gasolina, ni siquiera los híbridos. Solamente coches eléctricos en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. La preservación del medio ambiente (futuro) ante todo. Sobre el presente, ni palabra a quienes serán los principales afectados, es decir, una industria que supone decenas de miles de puestos de trabajo y miles de millones en exportaciones. Sorpresa, sorpresa…

Conste que no estoy defendiendo ni a una marca, ni a un conjunto de marcas. Ningún compromiso, ni siquiera publicitario para un medio cercano, me ata a fabricante alguno. Soy apenas un pertinaz consumidor de automóvil porque lo necesito, como usted seguramente, para mi trabajo, mi ocio y el de mi familia. Tengo, perdón por la autocita, un automóvil diesel en la familia, y otro con más de quince años de antigüedad. Me siento concernido por las normas restrictivas al coche privado, tanto en lo que respecta al modelo energético como a los planes de cobrar peaje en las autovías y no digamos ya en los nuevos trazados anti-automóvil en las grandes ciudades.

Claro, exijo respeto al medio ambiente. Es mi salud y la de mis hijos. Pero exijo también un poco de sentido común. No quiero cambiar un futuro escasamente prometedor por un presente de vida mísera. El futuro hay que prepararlo desde el presente, no desde las incertidumbres de ese futuro. Yo no quiero que mi Gobierno sea el de las sorpresas, las ocurrencias, ni tampoco que se convierta en el campeón mundial del conservacionismo: hagamos las cosas poco a poco, gradualmente, con cabeza, no con anuncios súbitos que lesionan la seguridad jurídica, económica y personal de fabricantes, de todo su entorno y también de los automovilistas.

Lo siento mucho, pero creo que no se puede gobernar desde las premisas demagógicas del sacar pecho y hala, a por el Guinness de los récords en lo que sea, desde no cremar los cadáveres obesos –seguro que el uso abusivo del Falcon presidencial contamina más– hasta, simplemente, realizar una política anti-automóvil que puede reportar votos de los residentes en los centros urbanos, pero que provoca catástrofes vitales en quienes, como el que suscribe, tienen que entrar cada día con su vehículo al casco urbano desde ciudades-dormitorio o residenciales cercanas. Y nosotros, claro, no votamos en los grandes centros urbanos, así que no interesamos: solamente nos toca sufrir la parte mala, porque no somos ni ciclistas, ni patinetistas, ni tenemos coche eléctrico, ni vivimos en el centro-centro, ni nada. Solo somos gentes normales, quizá incluso algo gorditas, por lo que es posible que ni nos incineren –menos mal, no nos enteraremos–, gentes que queremos vivir y, si posible fuere, que nos dejen vivir.

Y sí, nos gustaría vivir con la menor contaminación posible. Pero, por favor, sin utopías ni locuras: las cosas, por sus pasos. Y, si de paso, se puede avisar con antelación de los planes gubernamentales a quienes más afectados se van a ver por ellos, mejor. ¿Es mucho pedir?

fjauregui@educa2020.es

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Y usted ¿es progresista o conservador?

Enviado por Fernando Jáuregui | 13/11/18

(así veían los magníficos ‘cartoonists’ de la época el ‘turno pacífico’ entre Cánovas y Sagasta)

Los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, nos hemos lanzado a diseccionar todos y cada uno de los nombres que íbamos conociendo sobre los nuevos vocales del Poder Judicial. ¿Es el nuevo gobierno de los jueces, pactado por Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias –no por el Parlamento, ojo—más progresista, más conservador?¿Carga a la izquierda más que a la derecha? ¿Su nuevo presidente, tildado de más bien conservador que de lo otro, está ahí para dejar paso a alguien más progresista al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgará en breve a los golpistas del secesionismo catalán? Ah, de nuevo el aroma inmarcesible de las dos Españas, helándonos, ahora con toga y con puñetas, el corazón… Mójese: y usted, si alguna vez ha respondido a una encuesta, aunque sea del CIS de Tezanos, o si hubiese de hacerlo algún día, ¿se definiría progresista, conservador, se quedaría petrificado sin saber qué responder, en la casilla del ‘no sabe, no contesta’?

La cosa viene de lejos. Cánovas, Sagasta, que iban turnando toda la Administración cuando el uno ganaba, desplazando hasta a los bedeles colocados –enchufados—por el otro, ya pusieron de moda la dicotomía: había que copar los puestos del Estado para garantizar una dirección del barco hacia puertos conservadores, o viceversa. No me diga usted que no es lo mismo que estamos leyendo y oyendo estos días con respecto a los jueces, a los ‘próximos’ –o no tan próximos, quizá—responsables de la tele pública o, ya que estamos, hasta sobre los responsables de Paradores del Estado u otras empresas públicas.

A uno, que en su día presumió de lo uno y ahora hasta le acusan algunos de estar en lo otro, pero que anda ya como algo zombi en estos pantanos, le entra el vértigo. ¿Es más progresista el Felipe González ‘socio’ –o lo que sea—de Slim y que ahora hasta está en los ‘papeles de Villarejo’, que el Pedro Sánchez de antes?¿Que el de ahora, aliado con Pablo Iglesias, que dice que no le cuelguen carteles con ‘ismos’?¿Más de derechas Pablo Casado que Rajoy, que Aznar, que Albert Rivera?¿Es el general Julio Rodríguez más ‘progre’ que la díscola Rita Maestre (ya verán, ya, la que se va a organizar en las elecciones en Madrid a cuenta de esto)? ¿Son Torra, Puigdemont, Artur Mas, el ‘recaudador’ Pujol, progresistas o conservadores?¿Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijoo?¿Susana Díaz progresista, Teresa Rodríguez más progresista?¿Soraya Sáenz de Santamaría más roja, bueno, usted me entiende, que Cospedal?

En último extremo, ¿quién decide qué etiquetas aplicar a tal juez, a tal periodista, a tal militar, a cuál obispo? ¿Es Twitter progresista a conservador? ¿Hay un tribunal superior del progresismo, del conservadurismo y quién diablos puede permitirse el lujo de tirar la primera piedra?

España siempre tiende a la bipolaridad. En todo. Antonio o Manuel machado. Frascuelo o El Guerra. Rojos o azules. Lo que pasa es que ahora han aparecido otros partidos que entran en el reparto, aunque el líder de Ciudadanos haya tenido el buen gusto de no aceptar el pasteleo con los jueces y me parece que tampoco aceptará el previsible en torno a los medios de comunicación públicos, lo de la tele digo. He leído algún comentario de colega inteligente, que me ha hecho gracia, opinando que estos ‘pactos del capó’, en torno a jueces, a los audios del comisario infame, a otras cosas que imagino, han traído algo bueno al menos: han metido de lleno a Podemos en esa ‘casta’ a la que ellos, con verbo flamígero, antes denostaban. La casta del pacto subterráneo, desterrando a los taquígrafos y apagando la luz. Yo, personalmente, prefería los tiempos indignados del 15-m, la verdad.

Algo está ocurriendo, me parece que bastante lamentable, en el cuerpo social de este país que se ha ido acostumbrando a los estallidos de corrupción, a las escuchas clandestinas ilegales. Lo malo –lo más malo– es que, leyendo los editoriales condenatorios aparecidos en las últimas horas a cuenta del ‘cambalache sobre los jueces’, la ciudadanía, que ya desdeñaba a la (mal) llamada ‘clase política’, ahora pase a extender su desconfianza a la Justicia. ¿Separación de poderes?¿Qué separación de poderes me dice usted? ¿Progresistas, conservadores? Bueno, a Cánovas y Sagasta, que pusieron en marcha el endiablado sistema de reparto de chollos, hasta les han puesto un busto en los pasillos del Parlamento, al fin y al cabo. País.

fjauregui@educa2020.es

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y, además de esto de los jueces, ¿qué tal otros acuerdos sobre Educación, Constitución…?

Enviado por Fernando Jáuregui | 12/11/18

Me alegra, en principio, que dos personas que muestran aborrecerse en cada sesión de control parlamentario, me refiero, claro, a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, hayan llegado –al fin—a algún consenso. Pero mire usted por dónde, de ninguna manera puedo celebrar el motivo de tanta concordia: repartirse entre ambos el gobierno de los jueces, en lugar de permitir que sean los propios jueces quienes elijan a ‘su’ gobierno y a quien debe presidir ese ‘gobierno’, o sea, el Consejo General del Poder Judicial.

Es decir, que solo se ponen de acuerdo para hacer cada día más liviana, más tenue, la separación de poderes: no creo que a Montesquieu, si el pobre levantara la cabeza, le gustara demasiado este pacto, rematado por la presencia de un buen magistrado, Manuel Marchena, como nuevo presidente del Consejo y, de paso, del Tribunal Supremo. Una acumulación de cargos, dicho sea de paso, que no tengo claro que debiese seguir existiendo; como tampoco acabo de entender, por otra parte, que el fiscal general del Estado sea nombrado a ‘dedo’ por el Ejecutivo, y tantas otras cosas relacionadas con el inexplicable funcionamiento que a veces tiene esta Justicia nuestra.

Decía, en fin, que me alegra que dos que nunca han cabalgado juntos se entiendan, aunque sea a través de personas interpuestas, con telefonazo de fin de semana y para un fin poco deseable, a mi juicio. Pero, ya que se ve que son capaces de entenderse para repartirse un poder que no es suyo, no veo por qué no van a hacerlo en materias donde el acuerdo sería mucho más plausible, como la reforma de la Constitución, o cómo enfocar las soluciones a la crisis catalana, o un nuevo proyecto sobre Educación, o la reforma de la Administración, o una convocatoria de nuevos pacto de La Moncloa…o RTVE, incluso, ahora que estamos escribiendo una especie de carta a los Reyes Magos de Oriente.

Pero no, verá usted cómo no hay acuerdo en ninguna de las materias a las que acabo de referirme y los Reyes, evocados sean con perdón de Pablo Iglesias, acabarán trayéndonos carbón. Y menos cuando tenemos ante nosotros una serie de convocatorias electorales y de lo que se trata –lógico– es de tomar, con la fuerza de los votos, ayuntamientos, diputaciones, escaños y presidencias autonómicos y, luego, hacerse con el Congreso y el Senado. Pero todo eso, señores, por muy legítimo que sea, ya que se trata del funcionamiento de una democracia partidista, no anula para nada la necesidad de pactar las grandes cosas que a los ciudadanos nos interesan bastante más que si tal magistrado se inclina más hacia los socialistas, hacia los populares o hacia los podemitas. Este país no puede, no debe, seguir funcionando así, como si estuviésemos en la ‘era Rajoy’. O incluso antes…

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La España de los jubilados que ha de helarte el corazón

Enviado por Fernando Jáuregui | 11/11/18

La verdad es que no eran muchas las personas, mayoritariamente de edad avanzada, que acudieron el sábado a manifestarse frente al Tribunal Supremo y contra esta institución, que ha alcanzado el colmo del desprestigio en este cuarto de hora. También pude escuchar gritos y leer duros cartelones contra la banca, contra los políticos, casi contra el sistema. Era la España de los jubilados, que allí no llegarían al millar, pero que representaban a muchos más sin duda. Y con Pablo Iglesias y Alberto Garzón intentando capitalizar el descontento, ante el fastidio de alguno de los presentes, con quien hablé, por esta ‘okupación’ de la pancarta principal. Pero, mientras esta manifestación, ampliamente reproducida por los medios, discurría por el centro de Madrid, otras películas, subterráneas, se desarrollaban en teléfonos rojos y despachos de partidos.

Tampoco es que se haya detectado, esto también es cierto, un gran rechazo popular ante el hecho de que, precisamente en relación con la Justicia y con la llamada clase política, las maniobras orquestales en la oscuridad hayan proliferado este fin de semana en busca de un ‘consenso político’ para copar el puente de mando de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Cuyos veinte representantes responden a un pacto entre PP, PSOE y puede que el propio Podemos, cada uno de los cuales pretende colocar a magistrados ‘afines’ a su ideario político. Este lunes acaba el plazo para hacer pública la lista de esos magistrados, y antes del 4 de diciembre debería estar designado “el hombre o, más probablemente, la mujer, que, sustituyendo a Carlos Lesmes, presidirá el gobierno de los jueces”, según me dijo un magistrado que sabía lo que se estaba cociendo. Y, de paso, presidirá ese Tribunal Supremo ante el que se manifestaban el sábado esos cientos de personas que mayoritariamente eran, o parecían, jubilados. Bien, pues ese nombre ‘de consenso’ ya está perfilado. ¿Y ahora?

Claro que el nombre de esta mujer u hombre que mandará (y mucho) sobre el tercer poder del Estado responde a ese pacto alcanzado entre partidos que, sin embargo, nunca se ponen de acuerdo para otras cuestiones tan importantes para la buena marcha del país. Solamente Ciudadanos ha rechazado figurar en el ‘pasteleo’ (definición de un dirigente del partido de Albert Rivera) que, de una manera clara, incide contra esa separación de poderes tan cacareada por nuestros gobernantes.

Pero, ya digo, la protesta ciudadana va por otro lado, porque en España no existe demasiado afán por la pureza democrática, ni parece angustiar demasiado el respeto por las cosas de Montesquieu. La protesta se centra, en este cuarto de hora, contra ese error supremo sobre quién ha de pagar el ‘impuesto hipotecario’. Contra la banca, contra ‘los políticos’, así, en general, y contra las instituciones, también en general. Y Pablo Iglesias, mientras Sánchez viaja a las américas, mientras Casado y Rivera se dejan la piel tratando de que no se consume el ‘fatum’ electoral en Andalucía, Pablo Iglesias, digo, trata de ponerse al volante del descontento popular. Como de regreso al 15-m, pero ahora, en vez de con los jóvenes y en la Puerta del Sol,, con los jubilados o gentes en edad de cuasi jubilación, ante el Supremo, en la plaza de la Villa de París.

Y es que los jubilados, que son cada vez más, al menos en términos de edad, también votan, y ya no es tan, tan seguro que las gentes mayores de sesenta y cinco voten masivamente al Partido Popular. La última encuesta conocida sugiere que no solamente el PSOE, sino también Podemos, se benefician del apoyo de ‘los mayores’. Un empate emocionante –si no nos hubiese sumido desde hace tres años en esta maldita crisis política—entre ‘las derechas’ y ‘las izquierdas’, como tanto le ha gustado repetir al hombre que hoy ocupa La Moncloa y que, lo que son las cosas, dicen los sondeos que, dentro de la impopularidad general, es el político más popular…en este cuarto de hora. Acuérdese, como les decían los romanos a los aurigas vencedores, de que es mortal. Y de que la popularidad, en las encuestas, dura lo que dura, ejem, y que se lo pregunten, si no, a Albert Rivera. Y a la España de los jubilados, que es una de las cien Españas que te ponen el corazón aterido.

fjauregui@educa2020.es

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¿Hará pronto Sánchez una crisis de Gobierno? Quizá no, pero debería

Enviado por Fernando Jáuregui | 10/11/18

Lo menos que se puede decir de los ciento sesenta días de gobierno de Pedro Sánchez es que han sido de una actividad casi frenética. El matiz a introducir es que no siempre esta actividad ha redundado en un sentido positivo para los intereses de los españoles, aunque cosas meritorias haya habido, sin duda, para superar el anterior período de ‘inactividad marianista’. Ha faltado, a mi juicio, un intento más pertinaz de pacto con la oposición en temas como la educación y una mayor transparencia en la justicia, dos puntos clave en el programa de cualquier Ejecutivo. Dos puntos clave que están a punto de convertirse en muy serios borrones en la trayectoria de Sánchez y su equipo.

Desde luego, no quiero contarme entre los críticos ‘por principio’ al Gobierno de Sánchez –sí, desde luego, me encuentro entre quienes critican a alguno de sus ‘socios’–. No, al menos, puedo considerarme crítico con este Ejecutivo con los tintes algo grotescos con los que desde algunos sectores de la oposición quieren tildar al mandatario socialista: llamar ‘colaborador con el golpismo catalán’ e ‘inconstitucional’ a Sánchez, o tildar de ‘castrista’ a la Junta de Andalucía, como ha hecho Pablo Casado en su vorágine de campaña, o las cosas que escuché contra determinadas intervenciones de ministros en los medios tras la manifestación de Ciudadanos en Alsasua, me parecen, simple y llanamente, excesos verbales que se vuelven contra quienes los practican.

Pero sería para mí imposible no ver los muy grandes fallos en los que incurren algunas actuaciones gubernamentales. Uno de ellos reside en el propio organigrama del Ejecutivo, con una vicepresidenta que es como una especie de ministra portavoz bis –y, lo peor, siempre con cara de pocos amigos—y una portavoz ‘titular’ que acumula a esta función la de responsable de Educación, cartera que requiere, por sí sola, muchas horas de trabajo y de meditación. Un fallo, a mi juicio, copiado del anterior Gobierno de Rajoy, donde el portavoz Méndez de Vigo era, también, ministro de Educación. Y así pasó lo que pasó. Y así está pasando lo que está pasando con el nuevo borrador –ni siquiera parece un proyecto cerrado—alumbrado en materia educativa por la sin embargo eficaz y preparada Isabel Celaá.

Lo de la Justicia es muy otra cosa. Al desprestigio y aislamiento acumulados por la ministra del ramo se une una situación asfixiante, que pasa desde el Tribunal Supremo y su metedura de pata ‘hipotecaria’ al último varapalo europeo a la Justicia española. Pasando, sobre todo, por ese pacto para nada transparente entre PP, PSOE y Podemos para formar un nuevo Consejo del Poder Judicial afín al pacto partidista que, con nocturnidad y alevosía, se ha ido gestando entre las tres formaciones citadas –Ciudadanos no ha querido sumarse, porque piensa, a mi entender con razón, que deben ser los jueces quienes elijan a los jueces– . Aparentemente, el acuerdo ya está hecho, a falta de llegar a un consenso sobre la persona que debe presidir a los jueces y, de paso, el Tribunal Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes, cuyo cuestionable mandato acaba ahora.

Hora sería de reflexionar si los intereses del país no necesitan un replanteamiento total en esta política de consensos sobre la Justicia, que anula a la sociedad civil y debilita el principio de la separación de poderes. Y, de paso, detenerse a meditar unos minutos, al menos unos minutos, acerca de hacia dónde vamos y para qué.

Bien podría Sánchez, como fruto de estas meditaciones, comenzar con una remodelación de su Gobierno, ya que se resiste como gato panza arriba a convocar ya las elecciones generales. Podría, quizá, aprovechar la proximidad de varias convocatorias electorales –europeas, autonómicas, municipales–para cambiar a algunos ministros, ahora que aseguran que está meditando el nombre de Josep Borrell, titular de Exteriores, para encabezar la lista socialista al Parlamento Europeo. Y si, de paso, convocase ya un debate sobre el estado de la nación, que es otra cosa de la que huye como de la peste, mejor: es necesario que, en estos tiempos de total confusión, de involución social y de libertad de expresión cada vez más acosada, todos los grupos políticos se definan en sus posiciones ante los gravísimos problemas que aquejan a la nación.

Si Sánchez no hace, como es probable que no haga, nada de esto, habría que convenir que toda esta actividad frenética a la que al comienzo me refería y que ha impreso a su mandato basado en apenas 84 escaños puede resultar tan negativa como ese cierto ‘pasotismo mariano’ de la época anterior. Habríamos pasad de un extremo a otro para obtener los mismos, magros, resultados. Y eso, creo, a nadie le conviene, ¿verdad, señor Sánchez?

fjauregui@educa2020.es

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Hay que cambiar a la ministra de Justicia, pienso

Enviado por Fernando Jáuregui | 06/11/18

Ya no sé qué tiene que ocurrir para que el presidente del Gobierno, empeñado en sobrevivir sin convocar elecciones, proceda, al menos, a cambiar lo que va clamorosamente mal. Y el Ministerio de Justicia, con todas sus connotaciones, no todas, desde luego, achacables a la ministra, es de lo que peor va. Con el Tribunal Supremo dividido con lo de las hipotecas, con el juez instructor del ‘caso Cataluña’ cuestionado y polémico, con la Abogacía del Estado enfrentada a la Fiscalía y a sí misma a raíz del supuesto de que desde el Ejecutivo se manipuló a la primera, con serios cuestionamientos europeos acerca de cómo los magistrados y fiscales españoles han manejado el pringoso asunto del fugado Puigdemont, parecería imposible que el panorama empeorase. Y resulta que sí, que ha empeorado.

Ha empeorado porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, última fase de apelación en la materia, ha sentenciado, y encima por unanimidad, que Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda ‘abertzale’ vasca no tuvieron un juicio justo en el ‘caso Bateragune’, en el que se acusaba a los condenados –seis años y medio de prisión para Otegi– de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Inmediatamente tras esta sentencia, tanto el propio Otegi y portavoces del ‘abertzalismo’ como otros voceros relacionados con el separatismo catalán, comenzando por el vicepresidente de la Generalitat y jefe de Esquerra mientras Junqueras siga en prisión, Pere Aragonés, han insistido en que los jueces españoles están fuertemente cuestionados en Europa y no han olvidado añadir que España ya no es un país democrático.

Urge, pues, que España emprenda una ofensiva de imagen, basada en hechos, que disipe unas peligrosísimas nieblas que pretenden que no seamos un país tan democrático como el que más en nuestro entorno europeo. Y eso, simplemente, no se puede hacer desde un Gobierno en el que se ampara la permanencia de la actual ministra de Justicia, y perdón por señalar.

En primer lugar, conste que, para mí, lo más grave no son los silencios cómplices de la ministra Dolores Delgado en el ‘caso Villarejo’; ni sus complicidades con algún ex juez; ni sus rivalidades con otros miembros del Gobierno de mayor altura, pienso, que ella; ni su pésimo entendimiento con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Creo que Dolores Delgado ha sido víctima de una cacería por parte de desaprensivos y que no es ella solamente la única a cazar en este juego siniestro del ‘Españagate’.

Es, simplemente, una cuestión de eficacia: una ministra de Justicia que apenas tiene trato ya no solo con los magistrados más relevantes, sino ni siquiera con buena parte de sus colegas los fiscales, que tiene planteada una huelga general de togados para dentro de poco más de una semana, que no tiene tiempo para pensar en su Ministerio porque está, lógico, obsesionada con evitar ser abatida por los cazadores siniestros, no puede ser quien idee y ponga en marcha esa ofensiva de comunicación ante el interior y el exterior y, menos aún, quien introduzca los cambios imprescindibles en el fucionamienrto de la maquinaria.

Porque, claro, esa ofensiva de ‘concienciación’ ha de dirigirse no solo hacia fuera de nuestras fronteras, sino también hacia el interior, hacia un país que ha involucionado gravemente, hacia una oposición que predica sin disimulos ‘mano dura al máximo’ para con los presos catalanes, y no solo para con ellos, hacia una opinión pública que mayoritariamente cuestiona (y, desde un punto de vista sentimental, se comprende) que se plantee el fin de una prisión provisional que dura demasiado y hasta que se debata sobre posibles e hipotéticos futuros indultos a los golpistas.Los españoles hemos de comprender que las mayoritarias posiciones ‘cerradas’, heredadas del anterior Gobierno y no compartidas por el actual, sin que, sin embargo, este sea capaz de explicar con claridad sus planteamientos, nos están granjeando muy mala prensa en importantes sectores europeos. Desde luego, en el de la Justicia. Y en no pocos medios de prensa, donde los enemigos del estado brujulean con mucha más habilidad que nuestros representantes oficiales.

Y eso, ni la mirada ‘feroce’ de la vicepresidenta cuando quiere hacer comulgar con ruedas de molino a la ciudadanía, ni las trampas dialécticas del propio presidente, ni los malabares del ‘socio’, ni, desde luego, los balbuceos de la señora Delgado, son lo bastante contundentes como para contrarrestarlo. Es hora de que las cosas empiecen a cambiar en la política de este país, en el engranaje de los poderes de Montesquieu y en el interior de esos poderes mismos. Si hemos dicho que María Dolores de Cospedal no podría seguir siendo presidenta de la Comisión de Exteriores del Congreso ni un día más, por aquello de no manchar la ya algo ajada ‘marca España’, con más razón diremos que la señora ministra no puede seguir en el cargo ni asistir a un Consejo de Ministros más. Es el prestigio, la imagen, de España lo que está en juego. Y me temo que eso es lo que nos están diciendo desde Estrasburgo, aunque la señora Delgado nada tenga que ver con aquel Bateragune ni con tantas cosas que, pobre, ha heredado y ahora no puede, simplemente no puede, gestionar. Lo anormal no es que otro miembro del Ejecutivo, y serían tres, tenga que marcharse: lo anormal sería que, con este panorama, permaneciese.

fjauregui@educa2020.es

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A Pedro Sánchez también, como a usted o a mí, le preocupa Trump

Enviado por Fernando Jáuregui | 05/11/18

Al Gobierno español, cuyos quebraderos de cabeza de índole interna son ya notables, le preocupa que, como dicen algunos sondeos, no precisamente los del CIS de Tezanos, Donald Trump pueda reafirmar su poder en las elecciones de medio mandato a la Cámara de Representantes, Senado y gobernadores del martes en Estados Unidos. Bueno, a decir verdad, el mundo entero está perplejo ante el hecho de que un personaje similar a Trump pueda seguir encontrando el apoyo de casi la mitad del electorado norteamericano; pero es que, además, en el caso de España existe un motivo más de inquietud: nuestra relación ‘privilegiada’ con América Latina.
Y es que, dentro de poco días, a mediados de este mes, se celebra la ‘cumbre’ iberoamericana esta vez en Antigua (Guatemala) en momentos en los que todo el subcontinente, todo, desde México hasta Chile, desde la Argentina de Macri hasta el Brasil del inquietante Bolsonaro, tiene motivos más que sobrados para sentir escalofríos ante lo que vaya a hacer el poderoso y ahora algo desbocado, por decirlo educadamente, vecino del norte. Y España, que es, en el fondo, el país que organiza estas ‘cumbres’ iberoamericanas, que van por su edición número 26, es, además, la que corre con la mayor parte de las cuentas y quien envía –es el único acontecimiento en el que esto ocurre, cada dos años– a su jefe del Estado y a su jefe de Gobierno a la capital a la que bienalmente le toca acoger a jefes de Gobierno o presidentes de todos –o casi todos– los países de Iberoamérica, incluyendo Portugal y Andorra, que es quien organizará el evento en 2020.
Así, Felipe VI y Pedro Sánchez se van a encontrar una América convulsa, con Cuba casi estrenando presidente –parece que Díaz Canel no asistirá a lo de Antigua, aunque pocos días después Sánchez viajará oficialmente a La Habana y el Rey lo hará el año que viene–, con Venezuela en llamas –nadie sabe si Maduro irá a Antigua, aunque casi nadie desea que acuda–, con Brasil como está –y ¡cómo está!–, con México en pleno volantazo de cambio… y todos mirando, glub, hacia el norte. Es el gran momento de la política exterior española, y este gran momento se produce, en esta ocasión, en circunstancias nada favorables para que las cosas salgan bien, así que lo más previsible es que todos traten de sacudirse el compromiso de encima, muchas palabras políticamente corectas y hala, a esperar tiempos mejores dentro de dos años, que Andorra, para colmo, es país vecino a Cataluña y donde el idioma oficial es el catalán. Para entonces todo el mundo, literal, espera que Trump esté retirado, derrotado o en pleno ‘impeachment’. Pero, claro, eso depende en gran medida de los votantes de Texas, de Nevada, de Arizona, más que de los jueces del Supremo, que ya se ve que están controlados por un personaje tan surrealista casi como el propio presidente.
Pues eso, que de surrealismo hablamos. Del Supremo. De control del judicial. De personajes extraños o esotéricos. De corrupción. De lo que puede o no influir en la marcha de todo un país el comportamiento de un Estado federal (o, ejem, autonómico). De patadas a los medios de comunicación. De inmigración y de alambradas. No haré más preguntas, Señoría. Ya digo: siempre nos quedará Trump para consolarnos con que cualquier tiempo futuro puede ser peor.
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El ‘Españagate’, o el cúmulo de nuestras desdichas

Enviado por Fernando Jáuregui | 05/11/18

Resulta imposible fiarse de un país en el que gentes como Villarejo, o Puigdemont o, salvando, claro, todas las distancias, las ambiciones personales de Pablo Iglesias, dominan el panorama subterráneo, que es ese ajeno a la luz y los taquígrafos, a la transparencia democrática obligada. Resulta decepcionante una nación en la que algunas de las víctimas de las escuchas y transcripciones ilegales, pero tan ampliamente difundidas, parece que. efectivamente, han hecho lo que esos susurros robados dicen que han hecho. Hablamos de corrupción, de manejos claramente ilícitos contra competidores, de amenazas y chantajes sin cuento. Y últimamente hay desde una ministra hasta la ex secretaria general de un partido (y, por supuesto, su marido), pasando por otro ex secretario general y ex ministro del mismo partido, involucrados en la mierda, con perdón, pero es que no acabo de encontrar otra palabra más adecuada. Y, hasta ahora, mantienen el silencio y nada desmienten, ante los medios o/y ante el Juzgado de Guardia de turno.

Lo llaman ‘Cospegate’, como hablamos antes del ‘Doloresdelgadogate’, del ‘Cifuentesgate’, del ‘Pujolgate’… Ni siquiera es el ‘Villarejogate’. En un país donde hasta se ha espiado subrepticiamiente una reunión privada y secreta del ministro del Interior en su propio despacho y seguimos sin saber quién fue, cómo pudo ser, resulta que la seguridad no ya jurídica, sino hasta personal, brilla por su ausencia. Esto es el ‘Españagate’: vivimos una situación en la que quienes pueden hacerlo espían a los demás, encontrando la certeza de que lo que espíen, si les es rentable para alguno de sus turbios fines, va a ser ampliamente difundido. Y de manera absolutamente impune, desde luego.

Y no defiendo, claro está, a la señora Cospedal y menos aún a su marido. Ni a la ministra de Justicia, ni a la ex ministra de Sanidad con su master ‘fake’. Ni a ninguno de los que nos dan a los ciudadanos, o lo intentan, gato por liebre. Creo que tanto a la actual ministra encargada de los temas legales y de la notaría del Reino como a la ex secretaria general y ex ministra de Defensa y ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex tantas cosas, les quedan pocos días como miembro del Gobierno una y como diputada la otra: su renuncia es lo que va buscando quien cada día esparce la basura acumulada, que incluye también salpicaduras tan comprometidas como las que afectan ae Javier Arenas, algo que hasta puede hacer variar, se temen en el PP, los resultados en las elecciones andaluzas.

Lo siento como periodista y casi me alegro como persona: no he sido capaz de desentrañar dónde se sitúa el epicentro de todas estas maniobras orquestales, tan lamentables, en la oscuridad. Ni, sospechas al margen, se me alcanza cuáles son las finalidades que, desde lo de Corinna la falsa princesa hasta lo de Cospedal, el último juguete roto de nuestra política, buscan quienes acumulan hasta vídeos ilegales de cómo una personalidad se apropia, sin pagar, de dos cremas embellecedoras. Solo puedo decir que, dejando al margen el asco que siento por estos manipuladores de vidas y haciendas de los demás, yo también publicaría este triste material si llegase a mis manos, porque, ante todo, temo que incluso antes que ciudadano, me siento periodista. Y no me valen los argumentos de que se está socavando la credibilidad de quienes, elegidos por nosotros o no, nos representan: son ellos, y no lo que de ellos se difunde (si todo es cierto), quienes socavan esa credibilidad.

Pero, también como periodista, y como mero observador de lo que nos pasa, tengo que decir que así no vamos bien. Primero, porque algunos de aquellos a los que dimos nuestro voto y les pagamos el puesto han pretendido abusar de nosotros, las gentes de la puñetera calle. Y, segundo, porque a este paso acabarán pagando justos por pecadores y ya no sabremos en quién confiar, cuando, he de decirlo, creo que me consta que la inmensa mayoría de nuestros políticos puede que muy brillantes algunos no sean; pero honrados, básicamente honrados al menos, seguro que sí lo son. Y esa es la tragedia del ‘Españagate’ que cada día conoce un nuevo episodio.

fjauregui@educa2020.es

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