En el país de los vídeos sucios

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(no quiero un país manipulado por aventureras profesionales, ni agitado por vídeos anónimos)
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Ya estaba tardando en aparecer. Me refiero al ‘vídeo en la campaña’, no demasiado limpia, de primarias del Partido Popular. Se ignora quién lo ha hecho, pero la intención de perjudicar a uno de los contendientes por la presidencia del PP, en este caso a Soraya Sáenz de Santamaría, es clara. Dudo mucho de que un hombre pienso que honrado, Pablo Casado, él mismo, esté detrás de la jugarreta; pero alguien, en fin, lo ha montado y distribuido. Nunca sabremos quién, por supuesto. En el país de los vídeos subterráneos nunca se sabe quién filma o almacena lo de los doberman, o lo de Cristina Cifuentes en un supermercado.

Ni tampoco se supo, ni se sabe, dónde acaban las grabaciones infames de La Camarga, que mostraban la podredumbre de la clase política catalana, en general. O, ya que estamos, me temo que nos vamos a quedar sin certezas acerca de quién está organizando la campaña, que ya ha saltado hasta a la televisión oficial, que salpica gravemente nada menos que al Rey emérito. Un caso del que aún va a hablarse mucho, porque eso de poner mordazas a los medios es, a Dios gracias, cada vez más difícil. Y es un caso que “afortunadamente” (Gobierno dixit, y yo lo comparto) no involucra al actual jefe del Estado, que se va convirtiendo en el único personaje histórico en este país nuestro que está por encima de toda sospecha.

El problema del marketing y de las campañas de comunicación empieza cuando se notan las costuras. Entonces se adivinan las maniobras y comienzan las especulaciones acerca del para qué. No tengo aún claro qué pretenden los que atesoran la información obtenida por un comisario corrompido (y encarcelado) al esparcir la ‘basura Corinna’ que puede acabar colocando a Juan Carlos I ante la Fiscalía Anticorrupción. Pero el caso está ahí y engordando. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez “ni lo considere”, como tuvo que decir la acorralada portavoz Celáa ante los periodistas al terminar el Consejo de Ministros del pasado viernes. Creo que se equivoca la señora Celáa: no por ser cosas ‘del pasado’ se puede minimizar un escándalo en una España en la que las cosas pringosas tardan en aflorar, pero siempre acaban saliendo. Porque las investiga la policía, las persiguen unos chicos de la prensa que creen que ‘noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique’ o porque las rematan unos jueces que anteponen la ley a los llamados ‘intereses de Estado’.

El caso es que maniobras orquestales en la oscuridad hay aquí muchas, quizá porque no se persigue con el suficiente rigor penal a quienes se inmiscuyen en historias de braguetas violando intimidades. Claro que no menos cierto es que antes no se persiguieron conductas moral y penalmente reprobables. Y así ocurre, de aquellos polvos vienen estos lodos, lo que ocurre. Que viene una aventurera profesional, vamos a decirlo así, denunciando que agentes de los servicios secretos le robaron documentos comprometedores, y no pasa nada. Vaya, como años antes alguien robó unos vídeos que la actriz Bárbara Rey atesoraba en su caja fuerte y nada ocurrió. Chitón.

Lo malo es que los servicios secretos, como son o deberían ser eso, secretos, no hablan. No pueden defenderse, aunque sí atacar en el mundillo de las cloacas en el que se mueven como peces en el agua algunos policías y ex policías, supongo que en una trama ya perfectamente conocida por las autoridades de Interior y Defensa. Espero que los recién llegados al Gobierno sepan cómo manejar toda la información que ha ido a parar a sus manos, porque ya se sabe que información es poder, aunque quizá no poder suficiente como para lograr que el comisario Villarejo salga de la prisión de Estremera. Personalmente, confío ciegamente en Grande Marlaska y, sobre todo, en Margarita Robles, que ya demostró cómo se las gasta cuando alguien pretende transar con lo que nunca se debe pactar. Y ahora, el CNI depende de ella, así que atentos.

Porque no puede ser, simplemente no puede ser, que este país pueda caer en manos de gentes que utilizan dossieres, audios y vídeos en provecho de determinadas maniobras, negocietes y conspiraciones. Si Juan Carlos I tiene culpas que pagar, pues que las pague una vez que los mecanismos institucionales del tercer poder se pongan en marcha ( y que no nos digan desde el Ejecutivo que eso “ni se considera”). Como Pujol, cuando ‘alguien’ le fue a ver con un dossier para que confesara sus fechorías. Yo no quiero una España en la que falsas princesas andan zascandileando por ahí a la procura de quién sabe qué favores. Ni una España de silencios administrados por ‘polis’ mafiosos, afortunadamente aislados de la inmensa mayoría de sus compañeros.

Esta, la de la transparencia total, también cuando las aguas bajan muy turbias, es una de las tareas que definirán al Gobierno de Pedro Sánchez. Como esa misma opacidad ha servido para enlodar algunas buenas trayectorias en el Gobierno anterior, que nunca explicó, por ejemplo, cómo fue posible que el mismísimo ministro del Interior fuese espiado y grabado en su mismísimo despacho. Ya digo: polvos, lodos y barrizales. Y arenas movedizas.

fjauregui@educa2020.es

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