A hacer puñetas, nunca mejor dicho

Claro que muy pocos saben, ni tienen por qué saber, quién es Didier J.L.Reynders. Pero acabarán sabiéndolo. Porque en manos de este belga, valón, miembro del Partido Reformador, se encuentra la posibilidad de dar un muy severo varapalo a la democracia española. Sí, esa cuyo vicepresidente del Gobierno proclamó un día, hace más de tres décadas, que “Montesquieu ha muerto”. Ahora, los jueces españoles, una mayoría de jueces españoles, divididos como nunca, miran a Didier, pendiente de su veredicto: dí, Didier, ¿cuál es la calidad de la Justicia en España? El día menos pensado, como un misil, llegará el veredicto de Didier, que ocurre que, además de una figura relativamente destacada en la política de Bélgica, es el comisario europeo de Justicia. Y, hasta cierto punto, está obligado a dar su relevante opinión sobre el asunto que nos ocupa.

Y ante Didier se acumulan las reivindicaciones de tres de las cuatro asociaciones de jueces, dos de ellas, que son consideradas conservadoras, las mayoritarias, en relación con las carencias, dificultades e irregularidades –digámoslo así—que se viven en el seno de la zarandeada Justicia española. Puede que un día el comisario Reynders, con quien esas tres asociaciones han pedido reiteradamente entrevistarse, se decida a lanzar sus rayos sobre el admitamos que caótico estado del mundo togado en España. Lo cual, el caos y el enfrentamiento, digo, afecta también al universo de la Fiscalía –grave error designar a quien se designó como fiscal general del Estado— y a no pocos casos explosivos que la Fiscalía maneja, como las acusaciones en torno a Juan Carlos I, a punto de convertirse en el primero de nuestros problemas judiciales.

Y esta posibilidad, la del ‘didierazo’, se baraja a no tan largo plazo y cuando estamos a punto de iniciar, el lunes, el año judicial. Presumiblemente con un discurso, que será tremendo, y encima pronunciado ante el Rey, de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Quien, como se sabe, lleva ya prácticamente tres años con su mandato constitucionalmente superado y se manifiesta más que harto del desprestigio que acumula el poder judicial por culpa de los políticos en general y, susurra Lesmes a los amigos, del Gobierno de Pedro Sánchez en particular.

Cómo pensar que los hombres de leyes, los magistrados del CGPJ y también los del Constitucional, cuyo período de vigencia también está parcialmente caducado, no se encuentren escandalizados, abrumados, ante lo que es ya una clara violación de lo que dice la Constitución, que prescribe que el mandato del gobierno de los jueces no puede durar más de cinco años, cuando ya lleva casi ocho (tomó posesión el 11 de diciembre de 2013, y se encuentra en funciones desde diciembre de 2018). Es decir, se está vulnerando de manera inaceptable el artículo 122 de la Constitución (al menos).

PSOE, o sea, Gobierno, y PP se acusan mutuamente, y es cierto, de bloquear la renovación del gobierno de un poder tan importante como el Judicial. Mientras, desde el socio de coalición gubernamental, Unidas Podemos, se descalifica simplemente a los jueces, aprovechando que presuntamente son mayoritariamente de simpatías conservadoras, por ser, afirman, “la oposición al Gobierno”. Ahí queda eso. Y desde ‘bunkers’ varios se lanzan planes descabellados, cada vez más ocurrentes y locos, para desbloquear la situación, modificando a las bravas, o simplemente saltándosela a la torera, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello, en medio de vergonzantes pactos subterráneos para repartirse las togas, afortunadamente abortados por la indiscreción de un senador ‘popular’, Ignacio Cosidó, hace dos años.

La situación no aguanta más. No sería tolerable que en diciembre se llegase al tercer aniversario de la iniquidad, que lastra la pureza de la democracia española y nos hace pensar que, efectivamente, como un día dijo Alfonso Guerra, “Montesquieu ha muerto”. Creo que tanto PSOE como PP tienen razón –y sinrazones– en sus objeciones para llegar a un pacto. Pero lo que está ocurriendo, aunque a muchos españoles no les interese, como dice en voz baja algún ministro, es ya intolerable. El pacto no solo es necesario: es exigible a nuestras fuerzas políticas. Y, si no, que se vayan a hacer puñetas, nunca mejor dicho. Puede que algo así proclame un día Didier, si se le acaban hinchando las narices con el ‘caso español’, inédito en esa Europa donde no todo es, por fortuna, Polonia. Y yo no quiero que a la situación polaca se nos acabe comparando, dinos, Didier.

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